El diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) descalificó los señalamientos sobre el abandono al campo en el presupuesto para el 2020, y afirmó que ahora los pequeños y medianos agricultores tendrán certeza en el pago de cosechas, incluyendo la adquisición de granos básicos a precios de garantía.
En las próximas semanas, destacó, la Comisión de Hacienda y Crédito Público deberá dictaminar a favor de una nueva sociedad de crédito para el campo y así garantizar que el ingreso objetivo se convierta en una política pública que funcione con una mezcla de recursos, no con subsidios.
El legislador morenista manifestó que se requiere iniciar los trabajos para organizar una Convención Nacional Hacendaria, cuyo objetivo sería fortalecer las finanzas públicas del país, discutiendo temas como la conveniencia de establecer un Consejo Fiscal independiente, que realizaría análisis objetivos y recomendaciones al gobierno encaminadas a mejorar los ingresos, la deuda y el gasto público.
Además, se tendría que buscar la identificación de nuevos esquemas de coordinación fiscal, en los que se asegure la corresponsabilidad por parte de todos los órdenes de gobierno.
“Los presidentes municipales y gobernadores tienen muchas demandas y constantemente solicitan apoyo de la Federación, pero ellos también deben realizar su parte y cumplir con sus obligaciones constitucionales de recaudar los impuestos que les correspondan”, dijo.
Después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 la semana pasada, Ramírez Cuéllar destacó que el proceso representa un gran esfuerzo de diálogo de los distintos sectores, pues la Cámara de Diputados atendió a los que pidieron ser escuchados.
Reconoció que es importante fortalecer el diálogo entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados durante todo el ciclo presupuestario, estableciendo mecanismos que permitan dar un seguimiento más puntual al correcto ejercicio de los recursos públicos y realizar los ajustes presupuestales necesarios, considerando las solicitudes de los gobiernos locales, bajo un esquema de corresponsabilidad para construir un estado de bienestar con fortaleza fiscal.
El legislador federal apuntó que, de conformidad con las solicitudes de diversas comisiones ordinarias, la academia, la sociedad civil, y en un ejercicio incluyente, se incorporaron cambios a la propuesta original del Ejecutivo Federal, entre los que destacan el fortalecimiento de transparencia en el uso de los recursos públicos.
La Secretaría de Hacienda y las demás dependencias deberán aportar más información, en formato de datos abiertos, sobre el ejercicio de los recursos, tanto en el portal de Transparencia Presupuestaria como en sus respectivos sitios electrónicos, incluyendo el avance en los proyectos de infraestructura, los convenios de reasignación de recursos entre la Federación y los Estados, y las contrataciones públicas.
También deberán publicar las reglas de operación y los padrones de beneficiarios de los programas sociales, y la Cámara de Diputados ha dispuesto incorporar 13 programas sociales adicionales al Anexo 25 “Programas sujetos a reglas de operación”, con lo que se fortalecerá el uso de la evidencia como herramienta para la planeación y programación de la política social. Las reglas de operación permitirán conocer de manera más adecuada la efectividad de cada programa, para identificar áreas de oportunidad y posibles cambios en su diseño.
Se restituyeron recursos para atender las necesidades de las universidades públicas del país y se establecerá un fondo obligatorio para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior.
En cuanto al apoyo a estados y municipios, se flexibilizará el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), ampliando su periodo de ejecución e incrementando el porcentaje permitido para realizar acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras.
MGL