En una sede alterna, fuera del plazo establecido en la Constitución Política y sin diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la madrugada del viernes pasado se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, por un monto de 6 billones 107 mil 732 millones 400 mil pesos; un 0.18% más de lo contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo Federal.

En las más de ocho horas de discusión, los partidos de oposición hicieron reservas al proyecto presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. En el caso de Acción Nacional, se presentaron 220 reservas; por parte del PRI, 108; el PRD, 100; MC, 45; y el PVEM, 15. De igual forma, tanto el PES como el PT hicieron lo propio presentando 32 reservas. Sin embargo, dichas solicitudes no tuvieron eco ante los diputados del partido oficial.

En dicha aprobación, hubo incrementos considerables para algunas Secretarías, tal es el caso de Hacienda y Crédito Público con un aumento de 11.8%; Bienestar en 4.8%; Agricultura y Desarrollo Rural en 2.8%; Seguridad y Protección Ciudadana en 1.7%; Cultura en 1.12%; Medio Ambiente y Recursos Naturales en 0.7%; Educación Pública con 0.4%; Trabajo y Previsión Social en 0.36%, y Salud en 0.18%.

Sin embargo, no todo fue favorable para las instituciones en México, ya que algunos sufrieron recortes alarmantes, con lo que una vez más la Cuarta Transformación demuestra su desprecio por los organismos autónomos, los cuales sufrieron una reducción de 4 mil 182 millones 922 mil 927 pesos en comparación con lo solicitado, es decir, 3.39% menos.

Entre los castigados se encuentran el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, aunado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal.

Si en verdad queremos ahorrar, necesitamos que el gasto público sea ejercido con eficacia, eficiencia, transparencia y que todas las compras del gobierno sean mediante licitaciones públicas.

Dichos ajustes hacen que disminuya el sistema de pesos y contrapesos que debe existir en todo Estado de derecho. Los recortes presupuestales a los organismos públicos autónomos van en contra del principio de progresividad de los derechos humanos reconocidos en el artículo primero de nuestra Carta Magna.