El Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM presentó un proyecto de reforma al Ministerio Público (MP), que busca dotarlo de alta calidad profesional en sus tareas de investigación y persecución del delito.
Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del PUDH, anunció que la propuesta se realizó a partir de un diagnóstico del estado actual de esa representación judicial. El documento fue enviado hace unos días al presidente de la República y a todos los gobernadores y fiscales, así como a los presidentes de las comisiones de justicia del Congreso de la Unión y de los congresos estatales.
En conferencia de prensa, acompañado por José Antonio Aguilar Valdés, secretario académico del PUDH, De la Barreda explicó que la propuesta contiene acciones claras, concretas, precisas, detalladas, viables y eficaces para superar los vicios de ese organismo.
El también ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indicó que la estructura de esa instancia debe contar con cuatro componentes: fiscales o agentes del Ministerio Público; policía de investigación sólidamente preparada para investigar los delitos, y tan confiable que pueda recibir denuncias, incluso desde una tableta; un instituto nacional de ciencias forenses con autonomía; y un consejo de procuración de justicia que supervise lo que hace el MP y que proponga medidas de mejora continua.
“Hoy el MP –federal y de las entidades– es una institución ineficaz, donde son frecuentes las corruptelas, abusos, falsas acusaciones y la falta de vocación de servicio de quienes ahí laboran. Esa instancia pone a disposición de un juez a menos de dos presuntos homicidas por cada 10 asesinatos”, afirmó De la Barreda.
La propuesta también incluye salarios decorosos, acordes con la importancia y riesgo que implica realizar ese trabajo. “Los fiscales deben ganar 75 por ciento de lo que gane el fiscal general, y los policías de investigación y peritos, no menos del 75 por ciento de lo que gana el agente del Ministerio Público. Asimismo, deben tener jornadas laborales máximas de ocho horas”, indicó el coordinador del PUDH.
En tanto, José Antonio Aguilar Valdés añadió que otra de las propuestas es que los servicios periciales sean autónomos, lo mismo que el instituto nacional de ciencias forenses, que rinda dictámenes y que cuente con un departamento especializado en la cuantificación de daños, “porque rara vez se le reparan a las víctimas”.
Los integrantes del PUDH señalaron que estas acciones, y otras más que contiene el documento, se pueden comenzar a poner en práctica de inmediato. Ya que la seguridad pública y la procuración de justicia son temas de la mayor importancia, “estas medidas podrían iniciarse hoy mismo, ponerse íntegramente en práctica en el mediano plazo –uno o dos años–, y dar resultados un poco más adelante”, concluyo De la Barreda Solórzano.
fahl