El presidente brasileño Jair Bolsonaro fue denunciado por “incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas en Brasil”, ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos.
Según el Colectivo de Abogacía de Derechos Humanos (CADHU), el mandatario debe responder por sus “crímenes contra la humanidad”, un delito previsto en el tratado internacional de Roma, formador de la CPI y que Brasil acata desde 1998.
La denuncia enfatiza que los “estímulos” y las “omisiones” del gobierno de Bolsonaro, generan la destrucción de la selva amazónica y promueven ataques a los pueblos tradicionales al impulsar la apropiación ilegal de tierras, explotación agrícola, obras de infraestructura, extracción de oro y tala de árboles.
“Los incendios, que aún se están perpetuando en la región, generan daños ambientales y sociales desiguales que son difíciles de revertir. Acompañan las presiones sobre el bosque y están asociados con la disputa a menudo violenta sobre la tierra”, informa Valor Económico.
La denuncia declara que desde que asumió el poder, ha incitado a la violencia contra las poblaciones indígenas, debilitó las instituciones, desestimó a los investigadores y ha mantenido “silencio al responder a los crímenes”.
También recordaron, en su queja enviada al Fiscal Jefe de la CPI, Fatou Bensouda, las reglas de la corte donde se establece que los jefes de estado tienen que rendir cuentas cuando incitan u omiten a crímenes contra la humanidad por lo que al “actuar en contra de su deber, debe ser considerado responsable”.
La víspera, el presidente brasileño declaró que “las políticas ambientales” son un obstáculo al desarrollo de su país y agregó que los grupos ambientalistas impiden la expansión agropecuaria en la Amazonia.
La deforestación de la Amazonia creció el 29.5% en el último año, con la pérdida de más de 9 mil 700 kilómetros cuadrados deforestados, tema que ha causado el señalamiento internacional.
La CPI es un foro que investiga y procesa acusaciones sobre crímenes que afectan a la sociedad, como el genocidio, guerras y crímenes contra la humanidad.
Entre las penas previstas en el estatuto del CPI, están hasta 30 años de cárcel o cadena perpetua en casos extremos, además de multas y pérdida de bienes.
RYHP