La crisis de inseguridad que vive México y que en el transcurso de este aún joven sexenio se ha recrudecido podría convertirse en el factor que incida en un eventual divorcio entre el presidente López Obrador y la base que hasta hoy apoya y celebra sus políticas. Las alertas han comenzado a aparecer y la más reciente provino de la Casa Blanca.

La amenaza de Donald Trump de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, idea que no es nueva para ese Gobierno y que data desde el mandato de George Bush padre, ha puesto en jaque a la diplomacia mexicana que ha redoblado esfuerzos para convencer a Washington de no proceder de esa forma.

Los argumentos del Canciller Ebrard y de sus operadores en la capital estadounidense han sido lo suficientemente sólidos para frenar, hasta ahora, la medida que afectaría seriamente a nuestra soberanía y a la propia cooperación bilateral en materia de seguridad.

Con todo conocimiento de causa, México ha insistido en que los cárteles son grupos delictivos y de ninguna forma se trata de organizaciones terroristas. Éstas, por definición, actúan por motivos políticos, religiosos o ideológicos, mientras que aquellos lo hacen con fines económicos.

Difícil sería comparar a un cártel como el de Sinaloa o el Golfo con Al-Qaeda, ISIS, la ETA o la IRA. El crimen organizado que opera en nuestro país lo hace violentando la ley, con fines netamente económicos y no en búsqueda del poder político o para imponer una ideología.

Lo que está en juego es mucho y requerirá de un trabajo fino en términos diplomáticos. Además de innecesaria, la medida planteada por Donald Trump tendría un efecto negativo en los esfuerzos que México y Estados Unidos realizan para combatir el trasiego de drogas, al verse reducidos los fondos que nuestro país recibe para estos fines y abierta la puerta a sanciones al sistema bancario y de carácter comercial.

Declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas permitiría al Gobierno norteamericano invadir nuestro país para llevar a cabo operaciones militares. Así de grave. Aunque se trata de un escenario con mínimas probabilidades, el marco jurídico estadounidense podría ser aplicado en cualquier momento.

Esta nueva amenaza pone de manifiesto que, en materia de seguridad y combate al crimen organizado, el Gobierno actual no ha dado los resultados deseados y que se requiere, urgentemente, un giro en la estrategia. Abre, al mismo tiempo, la posibilidad para replantear los esquemas de cooperación con Washington, fortalecer los esfuerzos para reducir el tráfico de armas e impactar en la capacidad financiera de los cárteles.

Este nuevo episodio con Estados Unidos representa una de las crisis más graves en la relación bilateral en los últimos años. Difícilmente podrá encontrarse una solución si no hay señales de cambio por parte de México y ello implica un obligado ajuste en las formas de combatir al crimen organizado.

Segundo tercio. No declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos no implica que no se le combata y aplique con severidad el castigo que merecen.

Tercer tercio. Listo el cartel para la quinta corrida de la Temporada Grande en la Plaza México. Se espera una gran tarde con Enrique Ponce, Fabián Barba, Joselito Adame y el nuevo fenómeno del toreo, el español Pablo Aguado.