Las denuncias contra servidores públicos en el fuero federal y común registraron un aumento en los 11 meses de la actual administración.
El fuero federal refleja un incremento de 86.76%; el promedio mensual es de 381 quejas en comparación con la gestión anterior, que hubo 204, de incremento de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los estados con mayor número de denuncias en este rubro, de enero a octubre pasado son: Ciudad de México con 987, Estado de México 209, Jalisco 207, Veracruz 199, y Michoacán 198.
En el caso del fuero común registraron mil 700 denuncias mensuales contra el mismo lapso anterior, que fue en promedio mil 507; es decir, 12.80% de aumento. Entre las entidades que suman más quejas están CDMX con cinco mil 148, Edomex dos mil 655, Nuevo León dos mil 45, Baja California mil 86 e Hidalgo 748.
Irving Regino, abogado penalista, explicó que las quejas tienen un sustento legal donde se puede presumir un hecho con apariencia del delito y van desde enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, peculado y desvío de recursos entre otros.
“A nosotros nos ha funcionado presentar las denuncias, la investigación se realizan de una manera imparcial, aplicando el procedimiento penal y el resultado puede ser la destitución del servidor público, hasta prisión preventiva justificada el tiempo que dure el procedimiento”, manifestó en una entrevista con 24 HORAS.
Indicó que la sanción más severa es cuando se destituye del cargo o la inhabilitación por un tiempo igual al que se le impone como sanción para ejercer un cargo público. Explicó que la diferencia entre el delito del fuero federal y común radica en donde se encuentre el servidor público.
“Si estamos ante un policía federal la autoridad que va a conocer el caso va a ser la Fiscalía General de la República (FGR) porque pertenece al ámbito federal y cuando se trate, por ejemplo, en la Ciudad de México va a tener que someterse a un procedimiento de la Fiscalía de Servidores Públicos”.
Abundó que en las entidades ha cambiado la denominación de Fiscalía de Servidores Públicos a Fiscalía Anticorrupción y en la CDMX todavía no se realiza el cambio, y resaltó que la mayor parte de las denuncias son policías por acto de tortura y Ministerios Públicos por la mala integración de las carpetas de investigación o averiguaciones previas.
El litigante comentó que las cabezas de las dependencias tratan de erradicar las prácticas de corrupción, pero se ha incrementado en las esferas bajas de poder, como los agentes del MP que piden dádivas porque no están supervisados.
Rigoberto López, coordinador nacional de la Asociación Civil Ciudadanos Uniformados A.C, comentó que en el caso de las denuncia contra los uniformados las cifras pueden ser reales y relativas.
Por otra parte, cifras del Secretariado indican que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de octubre de 2019, acumuló 32 mil 565 víctimas de homicidios superiores al período anterior con 31 mil 512 que representa 3.34%
LEG
