La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la acción de inconstitucionalidad 130/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reformas legales que clasificaron los delitos fiscales como delincuencia organizada, conocida como ley anti factureras.
El ministro del Alto Tribunal que admitió la impugnación, dio un plazo de 15 días hábiles al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindan informes y envíe copias de los antecedentes legislativos de la reformas a diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que entre otros puntos definen a los delitos fiscales como una amenaza a la seguridad nacional.
La acción fue la última que promovió Luis Raúl González Pérez, antes de que dejara la presidencia de la CNDH.
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