La extorsión a empresas y comercios, conocida como “uso de suelo”, es el delito patrimonial que más ha crecido y su impunidad se mantiene en los más altos niveles, por ello es necesario incrementar la penalidad para quienes lo practican, afirmó la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán.
Ante dicha situación, la también secretaria de la Comisión de Justicia presentó una iniciativa para reformar el Artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de combatir la extorsión de la que son víctimas empresas, industrias y comercios del país.
La legisladora priista propuso que esa conducta sea considerada como delito grave y que quienes lo comentan sean encarcelados de cuatro a nueve años, y hasta 12 años en caso de reincidentes.
Mier y Terán argumentó que se trata de un delito de alto impacto, que entre enero y agosto de 2019 tuvo una incidencia de cinco mil 858 víctimas y se presentó principalmente en el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.
La comisión de este delito ha obligado a grandes empresas a detener sus actividades económicas en distintas entidades del país, por considerar que las condiciones de seguridad no son las adecuadas y por temor de sus propietarios a ser agredidos.
La ampliación a la penalidad permitirá cerrar espacios de impunidad, pues mientras en otras entidades se prevén sanciones ejemplares, el Código Penal Federal se mantiene con una sanción que no corresponde a las afectaciones que genera al patrimonio de los empresarios y a la sociedad en su conjunto.
La propuesta de reforma establece que al sujeto que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para él o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de cuatro a nueve años de prisión y de 200 a 500 días multa.
En los casos de reincidencia en busca de un lucro o beneficio para sí o para otro, la sanción será de ocho a 12 años de prisión, y de mil a mil quinientas Unidades de Medida de Actualización.
DAMG