La regulación del Outsourcing ha generado un conflicto político entre los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado y en el Senado, Ricardo Monreal; pues ambos pretenden aprobar las iniciativas presentadas en sus respectivas cámaras, advirtió el secretario de la comisión de Hacienda en San Lázaro, Antonio Ortega, ante lo cual pidió la intervención de la titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
“Hay un Dictamen de la Comisión de Trabajo del Senado y una Minuta en la Cámara de Diputados; si se llevan al Pleno, habría dos conceptos que significarían un conflicto político no fácil de resolver”, advirtió el diputado federal del PRD, toda vez que la norma legislativa establece a una cámara como de origen y la otra como revisora. “Si ambas se convierten en cámara de origen, tendremos una dificultad legislativa que solo se podría resolver con colaboración y diálogo”, refirió.
Para Ortega Martínez, las confrontaciones entre los morenistas generan la necesidad de que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde se involucre en el tema, convoque a los líderes de ambas cámaras, a los presidentes de las comisiones de Trabajo; “para evitar un conflicto político que puede arrastrar a las dos cámaras indebidamente y hacer que estas iniciativas queden en un cajón para que todo siga igual”.
Explicó que el dictamen aprobado y detenido en el Senado, propone equiparar a los outsourcing simulados, bajo el perfil de “delincuencia organizada” (en el marco de las recién aprobadas reformas contra empresas y facturación falsa); también plantea que dicha figura –en la que se estima laboran unos ocho millones de mexicano- no desaparezca, siempre y cuando las empresas cumplan con el pago de impuestos y aportaciones al Seguro Social, lo que permite una regulación.
Mientras que el dictamen propuesto por el PRD, Morena y PRI, en la Cámara de Diputados, regula la subcontratación para hacerla cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Plantea sancionar hasta con 10 mil Unidades de Medida y Actualización ($84.49 diarios), a quienes incumplan, lo que significa unos 844 mil 900 pesos/día.
Establece un salario mínimo profesional para las y los trabajadores en régimen de subcontratación; crea un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación; relaciones de coordinación de la Secretaría del Trabajo con el Servicio de Administración Tributaria y el IMSS en esta materia; además de que el contratista debe informar a sus empleados el cumplimento de sus obligaciones legales, y de que -en caso de no hacerlo- responda con una fianza o garantía.
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se determinó suspender la discusión de sus propuestas pues se harán consultas en foros de Parlamento Abierto.
CS