Los señalamientos del presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, sobre que directivos y profesores protegen a presuntos agresores sexuales, son “arriesgados” al no presentar pruebas, opinó la directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Inmujeres, Marta Clara Ferreyra Beltrán.
La funcionaria, quien participó en la elaboración del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género que funciona desde 2016, dijo que las declaraciones del jurista son polémicas porque “señala sin mostrar pruebas por el momento; yo no tengo esa visión del Protocolo de Atención a Víctimas ni de la Unidad de Atención de Denuncias de la UNAM”.
A Ferreyra se le preguntó sobre señalamientos de López Betancourt en el sentido de que existe una complicidad entre directivos y profesores y “una serie de intereses creados que impiden que las denuncias por violencia de género prosperen y lleguen a la máxima instancia que es el Tribunal Universitario”.
Al respecto, la funcionaria apuntó que “lanzar una acusación semejante con nombres y apellidos pues me parece una acusación un poco arriesgado, yo no coincido para nada, yo sí conozco el equipo y lo he visto actuar”.
En entrevista, anotó que “el Protocolo de Atención a Víctimas es muy bueno” y “pretender que el sólo Protocolo actúe sobre toda la cadena de discriminaciones y formas de sexismo que existen en la universidad, cómo existen en todas las instituciones, es una ilusión”.
Aclaró que no le consta que la UNAM o el sindicato universitario protejan a acusados de una agresión, y no coincide con esa visión pues conoce el trabajo del equipo que implementa el Protocolo de Atención, “muy responsable, muy serio, siguen los procedimientos”.
Luego de su participación en el conversatorio Personas LGBTI en Desplazamiento Forzado, Historias de Vida, Retos y Oportunidades, consideró que uno de los problemas con cualquier Protocolo universitario, de cualquier institución de educación superior, “es que se topa con algo que se llama el marco normativo y sancionador de las administraciones”.
Dejó en claro que no se puede pretender que las sanciones sean penales dentro de un instrumento que sólo impone sanciones administrativas, y subrayó que “para que haya sanciones penales tiene que salir del marco de la universidad y tienen que hacerse las pertinentes acusaciones en el Ministerio Público”.
Afirmó que el Protocolo de la UNAM es “bastante bueno en comparación con otros”, con un buen nivel, lo que “no quiere decir que sea suficiente, ni que sea perfecto, pero no está para nada dentro de los peores mecanismos que existen o herramientas que existen”.
Opinó que en este momento lo que necesita la UNAM es “una política de prevención y de trabajo sobre las relaciones humanas, de potenciar el diálogo, la escucha, la interacción con las mujeres, con las jóvenes y las mujeres que están pidiendo hablar con las autoridades desde otro lugar, desde un lugar no de jerarquías sino más horizontal”.
“El Protocolo puede parecer débil para hacer todo el trabajo, se necesita una política integral que cree y consolide la Universidad como un lugar y un espacio seguro para las mujeres; un Protocolo solo no puede hacer eso”, subrayó Marta Clara Ferreyra.
“Pedirle eso es injusto, porque no es justo pedirle al Protocolo que actúe de manera integral sobre todas las formas de discriminación y sexismo que pueden aparecer en las tres comunidades universitarias: en la administrativa, estudiantil y la académica”, sostuvo.
“Si se necesitan acciones más serias, penales, hay que recurrir al Ministerio Público, a otras instancias. No valido esa idea que haya una forma de protección institucional a los agresores”, añadió.
fahl