@guerrerochipres
El esfuerzo de acreditadas organizaciones empresariales, de la sociedad civil y con el empuje del nuevo Gobierno en su declarado compromiso verificable respecto de la corrupción, hacen probable un avance histórico.
La autopercepción de amplios segmentos sociales, inclinados a creer que la corrupción es parte de la naturaleza latinoamericana y mexicana en particular, en contraste con los países anglosajones de la OCDE, es una variable vigente. La realidad de la descomposición estructural desde las instituciones y desde algunas empresas, la cual alcanzó un pico notorio en la administración federal previa, es otra.
La más importante, diferenciadora de la pasada administración, es la voluntad del Gobierno federal, concretado en una disposición de sanción. Un aspecto fundamental en el combate a la corrupción es la denuncia.
Sin embargo, 82.6% de la población a nivel nacional que sufrió algún acto de corrupción no denunció el delito, según datos del INEGI de 2017.
La misma encuesta revela que los principales motivos de la población para no denunciar los actos de corrupción se relacionan con la falta de confianza en las autoridades para atender el caso.
Nada nuevo hasta ahí. Pero cuando vemos los datos de Transparencia Internacional, encontramos que en México una de cada dos personas dieron un soborno en los últimos 12 meses. En otras palabras, hay una especie de muletilla retórica entre la ciudadanía que consiste en señalar o culpar al Gobierno de todos los males.
Hay que decirlo claramente: si la corrupción habitara solo de lado oficial de la ventanilla de cualquier trámite, ¿dónde está el uno de cada dos que ha dado un soborno?
La corrupción en trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o de contacto con autoridades de seguridad es de siete mil millones de pesos. Este grave problema parece pequeño cuando la “mordida” es de cien pesos, pero se vuelve enorme al suceder cada día, cada hora, todo el tiempo.
En ese sentido, la visión y oportunidad con la cual Salvador Villalobos, presidente del Consejo de la Comunicación, convocó al foro por el Día Internacional Contra la Corrupción resulta de gran aporte.
Los ponentes no fueron solo teóricos de la transparencia, estuvieron presentes los protagonistas de la que el presidente López Obrador ha consolidado como su causa y legado: el fin de la corrupción.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartieron cómo han conseguido el bloqueo de mil 415 millones de pesos vinculados con presuntos actos de corrupción, lo cual involucra a 178 personas físicas y morales.
Desde lo público el compromiso es evidente a un grado que nunca antes se había presentado en nuestro país. La potencia se dará cuando cada uno de los ciudadanos replique ese principio en el que es motivo de orgullo ser incorruptible por encima de la falta de tiempo, la flojera o la facilidad del atajo que tanto nos daña.