En 2018, los Sujetos obligados (SO’s) recibieron 838 mil 855 solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos. Se respondieron 762 mil 640, de las cuales, 75.5% se atendió en tiempo y 5.1% fuera de tiempo. Siendo el Poder Ejecutivo el que en mayor medida respondió a tiempo las solicitudes con 58.3%.
Así lo dio a conocer el Tercer Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los ámbitos federal y estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y los Órganos Garantes de las entidades federativas (OG’s) recibieron 46 mil 175 recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y protección de datos personas, y se resolvieron 35 mil 587. En materia de acceso a la información pública, 22.6% se resolvió por modificación de respuesta, en tanto que en materia de protección de datos personas, 42.2% se resolvió por desechar el recurso. De los 34 mil 799 recursos de revisión admitidos durante 2018, 40.7% correspondió al Poder Ejecutivo.
Del total de recursos de revisión recibidos, 75.4% fueron admitidos para la integración de expediente, 23.6% se desecharon, y el restante 1% correspondió a no presentados, o no se especificó su estatus. De los 34 mil 799 recursos de revisión admitidos durante 2018, 40.7% correspondió al Poder Judicial.
Con respecto a las 2 mil 504 resoluciones que los comités de transparencia emitieron durante 2018, la principal fue incompetencia con 38.8%, seguida de clasificación de la información con 36.9%; ampliación del plazo de respuesta, 11.3%; declaración de inexistencia 7%; desclasificación de la información, 0.2%.
De total, la mayoría de SO’s fueron municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con 38.6%; Poder Ejecutivo: 26%; Fideicomisos y fondos públicos: 10.2%; Sindicatos: 7.2%; partidos políticos: 3.7%; organismos constitucionales autónomos: 2.3%; Poder Legislativo: 0.7%; Poder Judicial: 0.6%; instituciones de educación superior públicas y autónomas: 0.5%; autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral: 0.4%; otros: 9.6%.
gac