A pesar de los signos externos que señalan que nadie se hace responsable de Genaro García Luna y que poco afectará la estrategia actual de seguridad, la realidad es que ha cimbrado el arresto del agente del CISEN, jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, Secretario de Seguridad Pública y comandante de la Policía Federal en el periodo 1999-2012.
Nadie hizo las evaluaciones sobre el funcionario, ni siquiera EU que lo condecoraron varias veces; nadie indagó su perfil personal y público al saltar de una oficina a otra y nadie le siguió los pasos al dejar la SSP a finales del 2012 e irse a vivir a EU asociándose con empresas de alta seguridad.
Y el asunto tiene un lado muy delicado que nadie quiere mirar: qué tipo de información privada sobre funcionarios e instituciones acumuló García Luna en sus 20 años de servicio de seguridad. Inclusive, EU le dio la residencia sólo por invertir, pero sin indagar el origen del dinero, sobre todo viniendo de los cargos que tuvo.
El Gobierno federal ordenó la limpia de funcionarios que trabajaron con García Luna en las áreas de seguridad después del niño ahogado. ¿A nadie se le ocurrió revisar los expedientes no públicos de los funcionarios de seguridad que vienen desde el arribo de Arturo El Negro Durazo Moreno en 1976 a la jefatura de Policía del DF?
El arresto de García Luna causó estragos en el sistema de seguridad desde 1999 a 2019, 20 años de complicidades. ¿Y alguien se ha preocupado por indagar cuántos García Luna hay en la actualidad con relaciones peligrosas con el crimen organizado, sin que exista un aparato de asuntos internos en el sistema de seguridad que analice los expedientes?
En 1976 hubo un relevo en la élite gobernante, pero continuó el mismo sistema de seguridad interior del viejo régimen priista. Se crearon nuevas instituciones, pero se llenaron con los mismos policías de siempre.
Zona Zero
- En los últimos días han aumentado las agresiones y asesinatos contra policías locales y autoridades municipales, sin que se vea un análisis del significado de estos hechos y menos aún alguna estrategia de emergencia. A un año de la estrategia, los pasivos graves son policías locales y cárceles.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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