Un día antes de cumplirse el 12 aniversario de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el anuncio fue hecho: el seudo líder minero que se fugó en el 2005 y se escondió por más de una década en Canadá, Napoleón Gómez Urrutia, ocupaba uno de los primeros lugares de la lista de senadores plurinominales del partido Morena. Hecho que marcó el inicio de favoritismos y arreglos en lo oscuro entre Napo y la 4T.
A un año de ocupar una curul en el Senado de la República, este personaje no ha podido demostrar cómo le hizo legalmente para renunciar a la nacionalidad canadiense, misma que obtuvo en 2013, no hay papel alguno que dé fe de este hecho, no hay registro y por supuesto no hay investigación sobre el tema; las autoridades guardan silencio al igual que lo han hecho con los reclamos, quejas y manifestaciones de más de 9 mil mineros que fueron defraudados por Napillo por un monto de 55 millones de dólares de la venta de las acciones de la minera Mexicana de Cananea. La petición de los trabajadores llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no han sido escuchados.
Curioso resulta que la 4T, en sus múltiples discursos pero pocos encuentros con la clase obrera haya insistido en la creación de un nuevo sindicalismo, un sindicalismo aseguran, democrático, limpio, sin imposiciones; sin embargo el estandarte de esta transformación nada tiene que ver con estos principios, y es que para nadie es secreto que Gómez Urrutia contó con todo el impulso de las autoridades laborales y federales para crear una nueva central de trabajadores, en dónde por más que ha hecho, no cuenta ni con 15 mil agremiados.
Gómez Urrutia suma además vínculos con extorsionadores y revienta huelgas; tal pareciera que la nueva administración aplicó un borrón y cuenta nueva con el hoy legislador morenista, pues da la impresión que toda la maquinaria de la 4T está a su servicio.
Ahora Napito intenta una vez más afectar a la clase trabajadora mediante su iniciativa de eliminar el outsourcing, es decir, sin pensar en las Pymes que entrarían en estado de quiebra y por ende sin calcular los miles de empleos que se perderían. Otro agraviante que trae esta propuesta es que aquel empleador que no cumpla con esta nueva disposición será catalogado en el rango de crimen organizado.
La revista Forbes calcula que de aprobarse, esta iniciativa impactaría a una industria de más de 5 millones de personas y causaría daños por 4 mil 400 millones de dólares.
Pero… ¿Por qué Napito querría atentar de esta manera contra el país? la respuesta es sencilla: aseguran que la idea que trae entre manos, es obligar a que todos los trabajadores se incorporen a su central obrera y convertirse en la principal agrupación sindical al servicio de la nueva administración, a cambio, él podría cobrar a diestra y siniestra cuotas sindicales, acción que se traduce en millones de pesos para su bolsillo.
Entre Gómez Urrutia y la 4T indican hay una cadena de apoyos y complicidades, unas pactadas y otras que se afianzan con el paso del tiempo, acuerdos que posiblemente no cumplirán los cinco años restantes de este Gobierno ya que lo que menos tiene Napillo, es palabra.
@CarlosPavonC