El presidente Sebastián Piñera firmó este lunes en La Moneda un proyecto de ley para crear un estatuto de protección a fuerzas del orden, seguridad pública y gendarmería, con lo que se busca facilitar sus operaciones de seguridad.
La propuesta de ley establece como agravante que encapuchados o grupos organizados lesionen o asesinen a elementos de Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) o de la Gendarmería, informó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Además de que se requerirá una autorización del fiscal regional para poder archivar provisionalmente una causa o suspender condicionalmente el procedimiento en este tipo de delitos.
También eleva condenas y establece improcedente el beneficio de penas sustitutivas para los delitos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves contra las fuerzas de seguridad mencionadas. Quienes reciban condena por estos delitos sólo podrán solicitar libertad condicional tras cumplir dos tercios de su pena.
“No permitiremos que se ataque impunemente a nuestras fuerzas de orden y seguridad porque ellos merecen y necesitan esa protección, pero también porque cada vez que se ataca a estas instituciones se está atacando el orden público, que es fundamental para la vida en democracia”, aseguró el mandatario, acompañado de Gonzalo Blumel, ministro del Interior, y de Hernán Larraín, de Justicia.
“Cada vez que se ataca a nuestras instituciones de orden y seguridad se stá atacando la paz, el Estado de derecho”, agregó Piñera en referencia a las protestas ciudadanas que desafían su administración desde el 18 de octubre.
Gonzalo Blumel, titular del Ministerio del Interior, aseguró que Carabineros cumple un rol fundamental para proteger a los chilenos, por lo que el cuerpo de seguridad también debe ser protegido por el gobierno.
Carabineros ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como responsable de violencia sexual, torturas, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a derechos humanos en su actuar durante las manifestaciones, que están por cumplir 60 días.
Un informe elaborado por la organización Médicos por la Resistencia reveló que el agua utilizada por Carabineros para dispersar manifestaciones podría tener sosa cáustica, lo que ha provocado lesiones y daños relacionados con ese componente químico.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó desde el 9 de diciembre su preocupación ante la comisión de derechos humanos del Senado por los componentes químicos usados por el cuerpo de seguridad, además de que oficiará al Ministerio del Interior, de Salud y a Carabineros para conocer la composición química del agua utilizada.
El INDH ha presentado 23 acciones judiciales hasta ahora por víctimas de lesiones y daños atribuibles a componentes químicos usados durante las últimas manifestaciones, recordó el organismo hoy en un comunicado.
Carabineros no cuenta con un sistema de fiscalización para regular la mezcla de los químicos que utiliza el carro que lanza agua para dispersar a manifestantes, reconoció la dependencia de seguridad.
La semana pasada la Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a la policía uniformada dejar de usar sustancias químicas en sus tareas de restablecimiento del orden público, mientras no cuente con un procedimiento predeterminado y aprobado por la autoridad de salud pública competente que garantice la salud de las personas, recordó el INDH.
“Se desconoce cuáles son los efectos que dicha mixtura provoca en el ser humano, se ignora cuál es la proporción que debe existir entre la referida sustancia con la cantidad de agua en que se disuelve, por otra parte, tampoco se encuentra establecido quién es el funcionario encargado de elaborar dicha mezcla, ni el grado de capacitación que posee”, estableció en su fallo.
RYHP