“Ningún gobernador se quiere pelear con el que reparte el dinero’’, nos dijo alguna vez un mandatario estatal.
Las razones son obvias.
Sin embargo, con Andrés Manuel López Obrador, los encontronazos con los gobernadores es tema recurrente.
El primer desencuentro fue por la distribución de los recursos para los estados, hace un año.
Los gobernadores hicieron un frente para pedir mayores recursos y el Gobierno federal les respondió que si querían más, aumentaran o sus impuestos locales y dejaran de pagar nóminas tan altas a la “burocracia dorada’’.
Luego los fue recibiendo uno por uno en Palacio Nacional hasta que ese tema quedó aparentemente resuelto.
Después fueron las giras del Presidente por los estados; a los eventos eran convocados los militantes de Morena que aplaudían a rabiar a López Obrador y abucheaban al gobernador en turno.
La escena se repitió muchas veces por todo el país hasta que los gobernadores decidieron no asistir a los actos del Presidente, lo cual constituyó un grave error político que aún ahora está tratando de ser rectificado.
La designación de los “superdelegados’’ en cada entidad federativa provocó también un choque entre gobernadores y el jefe del Ejecutivo.
Los superdelegados suplieron a varias docenas de delegados federales que, según el jefe del Ejecutivo, no servían para gran cosa y por ahí se comenzaba una cadena de corrupción que había que atacar.
Los superdelegados tienen facultades para casi todo y están presentes en los gobiernos en los que el jefe del Ejecutivo local o es débil o se ha dejado imponer decisiones desde el centro.
Una de las atribuciones de los superdelegados es precisamente estar en las reuniones de seguridad pública que diariamente deben celebrar los gobiernos estatales.
Originalmente, estos funcionarios, designados directamente por López Obrador, tenían la facultad de diseñar la política de seguridad pública en cada estado hasta que los gobernadores protestaron y en el papel les fue eliminada.
Pero en los hechos, por lo menos en la mitad del país siguen teniendo voz y voto en ese tema.
La molestia de los gobernadores no es tanto por haber sido exhibidos como faltistas a las reuniones de evaluación -que por lo visto han servido para maldita la cosa-, sino porque ven que la estrategia de seguridad del Gobierno no ha funcionado y les quieran cargar el muerto.
Y en su defensa muestran las estadísticas en las que se ve que los delitos que han crecido son los del fuero federal.
Será hasta el próximo 13 de enero cuando la Conago, ese club que también sirve para muy poco, se reúna con el gabinete de Seguridad para repartir culpas, perdón, para atender las diferencias sobre el tema.
****
En el otro lado de la moneda, el presidente López Obrador se reunió ayer por la tarde con su Consejo Asesor Empresarial.
El encuentro ocurrió en las instalaciones de TV Azteca y el anfitrión fue, desde luego, Ricardo Salinas Pliego, a quien el Presidente distingue con un trato especial.
La reunión tuvo como eje una evaluación del año que está por concluir y terminó con el compromiso de los empresarios presentes -algunos de los más importantes del país- de seguir apoyando las iniciativas del Gobierno que ayuden a superar las desigualdades.
Bien.