La consulta del proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales en derechos humanos, afirmó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En un comunicado, indicó que los estándares internacionales en la materia establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado.

Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, el gobierno Federal llevó a cabo la consulta entre comunidades indígenas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, y Tabasco para le proyecto ferroviario.

Respecto al carácter previo de la consulta y el consentimiento, la ONU-DH celebró que los diálogos hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio.

Sin embargo, indicó que esto difiere con la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, “lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta”.

En cuanto al carácter informado de la consulta, manifestó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, dijo Naciones Unidas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa.

“La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.

En cuanto a la adecuación cultural del proceso, resaltó su preocupación porque la metodología no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas.

Esto, explicó, significó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades.

La Oficina de la ONU expuso que escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, las traducciones no eran adecuadas, y muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos.

LEG