@osdtagle
Desde hace más de tres meses la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México cuenta con diversos expedientes sobre despojos irregulares, que venían dándose desde la administración del ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Las carpetas de investigación que se iniciaron muestran cómo un grupo de funcionarios públicos seleccionaban inmuebles que podían ser aptos para despojarse. Para ello usaban a servidores públicos del Registro Público de la Propiedad, luego buscaban a actuarios y a jueces que ayudarán a verificar que esas casas, departamentos, edificios o predios estuvieran en manos de personas de la tercera edad o que en su defecto las escrituras llevarán al menos 15 años sin tener algún movimiento.
Tras verificar todo esto buscaban a líderes sindicales o a organizaciones que tuvieran la suficiente gente para ir a desalojar con documentos falsos y elaborados por jueces a los verdaderos dueños de algún inmueble.
Un caso de estos, se lo contaba hace unas semanas, fue el del edificio de Madero 45 en el Centro Histórico. Ahí los dueños sufrieron un desalojo en pocas horas, ya que cerca de 80 cargadores que justificaron su actuar en una supuesta sentencia de un juez Civil y lograron adueñarse de algo que por ley no era suyo.
A pesar de cinco denuncias presentadas por los afectados, la Fiscalía Desconcentrada en Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana rechazó en todo momento que se tratase de un despojo irregular, y señalaba que ellos tenían en su poder un mandato judicial.
Pero los dueños no se quedaron callados y lograron documentar en la subtesorería de Catastro de la Secretaría de Finanzas que quien aparecía como nuevo dueño era Luis Alberto Vargas Ruiz, ex esposo de Diana Sánchez Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes.
Tras confirmarse que nunca hubo una compra y venta del inmueble, éste se le regresó a los legítimos dueños. Sin embargo y pese a las irregularidades detectadas a la fecha no hay responsables de los hechos.
Lo peor del caso es que las autoridades capitalinas ya cuentan con todos los elementos para detener a una gran red de funcionarios, jueces, actuarios y dirigentes que operan desde hace años en el despojo de inmuebles.
Los resultados de la investigación ya fueron aprobados por la próxima Fiscal capitalina, sabemos que el caso ya fue turnado a un juez y que se tienen órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. Hasta este momento no se sabe porque no han querido actuar sobre esta gran red de personas que al menos se les tiene documentados 30 despojos irregulares en diversas colonias de la Ciudad de México.
Dentro de las pesquisas incluso aparecen empresas inmobiliarias que inician proyectos, remodelan los edificios despojados y meses después los ponen en venta. Esperemos que las autoridades cumplan con las órdenes pendientes y con el resto de investigaciones que aún quedan sin resolver.
En otros procesos habrá que estar pendientes de las investigaciones que ya ampliaron las autoridades de la unidad de delitos financieros contra personas cercanas a Genaro García Luna, funcionarios de dicha dependencia nos confirmaron que las pesquisas incluyen a Lizeth Parra y Blanca Medina, dos funcionarias de su administración que eran parte de su primer círculo de confianza.