Mañana se cumple un año de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo el ex gobernador y entonces senador Rafael Moreno Valle.
El Gobierno incipiente de López Obrador se comprometió entonces a realizar una investigación rápida y transparente.
Ninguna de las dos cosas ha sucedido.
A un año, lo que se conoce es que las empresas que fabricaron el helicóptero siniestrado aseguran que de todas las piezas analizadas ninguna presenta anomalías que pudieran haber provocado la caída de la aeronave.
La investigación no ha sido transparente, pues las autoridades encargadas de ellas, encabezada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no ofrece información si no es que la opinión pública presiona.
El secretario Javier Jiménez Espriú, aseguró hace unos días que en el primer trimestre daría “un informito’’ sobre el caso, en el que aparentemente está descartado un accidente.
Si el Gobierno recibió el reporte de los diversos fabricantes de la aeronave que aseguran que las piezas analizadas no presentan anomalías, ¿por qué no avanza en la investigación de un posible atentado?
Para nadie es un secreto que la pareja fallecida tenía enemigos hasta en el propio PAN pero, en el momento de su muerte, habían enfrentado una campaña de desprestigio impulsada por el ahora gobernador Miguel Barbosa quien los acusó de haberse robado la primera elección para la gubernatura.
Moreno Valle encabezaba un proyecto de grupo dentro del PAN; era el coordinador de la fracción panista en el Senado y se apostaba a que desde su escaño preparaba el camino para lanzarse por la presidencia del partido y después por la candidatura presidencial.
Lo extraño también es la debilidad en el reclamo de justicia que de cuando en cuando hace el PAN.
El morenovillismo desapareció en Puebla; quienes formaban parte de ese poderoso grupo optaron por el gatopardismo y algunos incluso se mudaron a Morena.
Pero la mancha, las dudas de esas muertes siguen ahí, como una piedra en el zapato para la administración de López Obrador que prometió una investigación expedita, transparente, pero solo se acuerda de ella cuando los medios se lo recuerdan.
¿Qué pasó en realidad?
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No fue la Comisión de Ética de la Secretaría de Relaciones Exteriores la que sancionó la conducta del ahora ex embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio, sino la denuncia de medios argentinos de que el diplomático habría intentado otro robo.
En Twitter circuló un mensaje en el que se informaba que Valero había intentado sustraer del aeropuerto de Buenos Aires una camiseta de una tienda libre de impuestos.
Tal vez haya sido coincidencia pero unas horas después la SRE anunció que el canciller Marcelo Ebrard “aceptó la renuncia por motivos de salud’’ del embajador Valero.
El comunicado de la SRE indica que el ex embajador “está en tratamiento neurológico’’ y que será acompañado por su familia.
No se precisa qué enfermedad se atiende, pero el “neurológico’’ parece el último favor de la dependencia a quien Valero había servido sin mácula por muchos años.
Ni hablar.
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El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que promoverá la paridad de género en el Consejo General del INE.
La distribución actual es de 4 mujeres y 8 hombres; Monreal quiere 6 y 6, pero tendrá que modificar la ley y esperar a que algunos consejeros terminen el periodo para el que fueron electos.
¿Novedad? Ninguna.
Solo la ratificación de que Morena no le quita los ojos de encima al INE.
¿Qué querrán?