La Secretaría de la Función Pública debe desaparecer. Su objetivo principal, que es vigilar que “los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones”, y sancionarlos si no lo hacen, ha sido flagrantemente ignorado en los últimos años, en especial durante las gestiones de Virgilio Andrade (2015-2016), con Peña Nieto, e Irma Eréndira Sandoval (2018 a la fecha), con López Obrador.
Andrade fue designado por el presidente Peña para (auto)investigar si él mismo o la entonces primera dama, incurrieron en un conflicto de interés al comprar una casa de Grupo HIGA, un contratista central para el peñismo. Sorpresivamente, Andrade no encontró ninguna falta en el actuar de su jefe o su esposa, aun cuando se reveló que ella recibió un cómodo trato a plazos para la millonaria compra del inmueble.
Por su parte, Sandoval hizo esencialmente lo mismo al no sancionar al director de la CFE, Manuel Bartlett, por no declarar 25 propiedades ligadas a su pareja y a sus hijos, con un valor superior a 800 mdp. Según la funcionaria encargada de investigar a su propio colega, Bartlett no hizo nada malo al ocultar los inmuebles de la declaración que por ley debe hacer, ya que están a nombre de sus familiares y pareja.
¿Estos insultos a los mexicanos son solo culpa de Andrade y Sandoval? Claro que no. Desde su creación en 1983 (bajo el nombre de Secretaría de la Contraloría General) como parte de la “renovación moral” que proponía Miguel de la Madrid, la ley establece que esta instancia dependiente del Ejecutivo vigile y sancione al mismo Ejecutivo que propone su presupuesto y a su titular. En otras palabras, la ley permite, paradójicamente, que un Secretario de la Función Pública coexista con su propio conflicto de interés: el poder de absolver a sus compañeros o a su jefe. Es una burla.
La gran responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública, vigilar el actuar de los funcionarios federales, debe trasladarse a un órgano autónomo nuevo; o bien, a la única instancia que combina soberanía popular, pluralidad de opiniones e intereses y un rol natural de contrapeso al híperpresidencialismo: la H. Cámara de Diputados.
@AlonsoTamez
DAMG