A 22 años de la masacre de Acteal, en la que murieron 45 indígenas tzotziles de San Pedro Chenalhó a manos de un grupo paramilitar, familiares y sobrevivientes rezaron y exigieron justicia, por un crimen que, dijeron, ha quedado impune.
Los indígenas, incluidos niños, adultos, mujeres -algunas embarazadas-, fueron ultimados por 60 paramilitares el 22 de diciembre de 1997, mientras rezaban en una ermita; además dejaron heridas a 26 personas, en su mayoría menores de edad, los cuales a la fecha no han sanado en su totalidad.
Integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal consideran que ha habido impunidad y falta de justicia a las víctimas de la masacre.
Medios locales informaron que los inconformes urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que emita un informe sobre la queja que presentaron ante el organismo, pues no esperan justicia de este Gobierno de la cuarta transformación. Como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez, actual titular de Gobernación, votó a favor de liberar a todos los implicados en la masacre, precisaron.
A 22 años de ese crimen nadie está preso, todos los presuntos implicados fueron liberados por fallas al debido proceso.
El pasado 12 de agosto, pidieron al presidente López Obrador que se ofrezca una disculpa pública y acepte que el Gobierno de México fue el culpable de la matanza.
En septiembre de 2012, diez sobrevivientes presentaron una demanda en la Corte Federal de Hartford, Connecticut, en EU, en contra del entonces presidente Ernesto Zedillo por crímenes contra la humanidad. Sin embargo, en febrero de 2014, una Corte de Apelaciones de Nueva York desechó el recurso de apelación interpuesto por abogados de las víctimas.
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