La policía de Bolivia demandó hoy la entrega de “las personas refugiadas” en la embajada de México en ese país, ya que “tienen que responder ante la justicia”.
El comandante departamental de la policía de La Paz, William Cordero, afirmó que sus elementos no acosan a los ex funcionarios del depuesto presidente Evo Morales ni a los funcionarios diplomáticos mexicanos.
“Más bien ellos (los funcionarios mexicanos) deberían colaborar con la justicia boliviana y entregar a las personas que se refugian al interior de la legación diplomática”, declaró este mediodía a la Agencia Boliviana de Información (ABI).
La posición del jefe policiaco sigue a la protesta pública de la cancillería mexicana por el exceso de vigilancia a sus instalaciones e inclusive intentos de revisión al vehículo en que se transportaba la embajadora mexicana María Teresa Mercado.
En la sede diplomática mexicana se encuentran nueve funcionarios del gobierno que encabezó Evo Morales hasta el pasado 10 de noviembre, cuando renunció a fin de evitar el derramamiento de sangre tras las protestas por los resultados que le daban la victoria en las presidenciales del mes anterior.
Del grupo que entró a las oficinas diplomáticas mexicanas el principal centro de interés es Juan Ramón Quintana, quien ocupaba el ministerio de Gobierno a la salida de Morales.
Como otros ex funcionarios, se encuentra acusado de sedición y terrorismo por presuntamente instigar y financiar protestas a favor del ex mandatario.
La fiscal Zartina Guardia aseveró el pasado 26 de noviembre que cuatro ex funcionarios del ministerio de la Presidencia ya habían rendido declaración y aportado indicios inculpatorios, por lo que liberó una orden de apremio para la presentación de Quintana.
Sin embargo, la cancillería mexicana recordó la víspera la inviolabilidad de las instalaciones de sus representaciones de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
De acuerdo al artículo 22 de ese instrumento: “Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión.”
También se fija que “el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.”
Y por último que “Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”.
Pero Cordero insistió en que “nosotros como Policía estamos cumpliendo con la misión constitucional, acatar y hacer cumplir las leyes, en este caso, existen mandamientos de apremio que debemos dar fiel cumplimiento para ponerlos antes las instancias del Ministerio Público“.
Citó entre entre las personas refugiadas además de Quintana al ex ministro de Defensa, Javier Zavaleta; al de Justicia, Héctor Arce; de Culturas, Wilma Alanoca, además de otros ex servidores públicos del gobierno de Morales.
Todos están implicados en actos de sedición y terrorismo, los cuales son del conocimiento de los funcionarios diplomáticos mexicanos “por lo que deberían colaborar y entregar a esas personas para que se sometan a la justicia como cualquier otro boliviano”.
Advirtió que sus elementos “permanecerán en los alrededores de la embajada, “lo que no significa acoso, ni violación a la inmunidad diplomática de México en Bolivia”.
EFVE