La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que la embajada mexicana en Bolivia sí solicitó el resguardo de las autoridades de ese país, no obstante el operativo montado está fuera de proporción y sólo busca intimidar a los habitantes de la representación diplomática.
La cancillería boliviana expuso la tarde de este jueves que fue la embajadora mexicana quien solicitó la protección de las autoridades ante las protestas y el clima social álgido que se vive en el país.
“El operativo policiaco que han montado las autoridades bolivianas no sólo es fuera de toda proporción sino que genera precisamente lo contrario a lo que la embajada solicito: apoyo para garantizar la seguridad de los inmuebles mexicanos, el personal diplomático y las personas bajo resguardo del Estado mexicano en La Paz”, precisó la SRE en un comunicado.
La dependencia federal estimó que la vigilancia que incluye la videograbación del inmueble y la revisión a vehículos oficiales sólo constituye una violación a la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
La cancillería acusó que el gobierno de Bolivia mantiene un asedio constante a su representación diplomática, que incluye rotaciones continuas de personal policial y militar en los alrededores del inmueble.
La SRE expuso que las distintas autoridades, como la comandancia departamental de la policía boliviana, han declarado abiertamente que la razón de los operativos es para llevar a cabo arrestos de ex ministros del gobierno de Evo Morales, quienes permanecen en el recinto diplomático en calidad de asilados políticos. Tal es el caso de Ramón Quintana y Wilma Alanoca.
La mañana de este jueves el canciller Marcelo Ebrard anunció que México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia en Holanda, para denunciar al gobierno boliviano pueblo estiramiento de lo que ha sido objeto la embajada mexicana en La Paz.
fahl