Cuando a Felipe Calderón se le ocurrió elevar a rango constitucional la educación preparatoria, en el PAN le hicieron ver que estaba cometiendo un error.
Si bien se atendía una demanda, se hacía sin tener siquiera un estudio sobre los alcances de la decisión.
No había planteles nuevos y los que existían entonces eran francamente insuficientes para atender la demanda; no había una plantilla de profesores necesaria para atender a la población.
El texto constitucional se modificó pero la medida se quedó en el papel; ni se incrementaron los planteles ni el número de la matrícula de alumnos creció porque no había en donde alojarlos.
Lo mismo pasará con las “100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez’’, que a partir de este año deberán crearse obligatoriamente conforme a la reforma educativa aprobada el año pasado.
No hay en construcción nuevas escuelas ni se aumentó la matrícula de los maestros de ese nivel.
No se conocen los criterios de distribución de los planteles -¿por qué a unos estados más que a otros?- ni siquiera planes de estudio.
Es más, no se conocen las carreras que se podrán cursar.
El año que recién terminó, López Obrador dijo que se habían creado ochenta y tantas nuevas universidades.
Pero lo que el Presidente llamó “universidades’’ eran en realidad locales mal acondicionados en donde a duras penas cabían 30 o 40 personas; igualmente no se conocieron los planes de estudio y mucho menos el perfil del profesorado.
Cuando gobernó la Ciudad de México, López Obrador creó sus universidades con el mismo propósito, que ningún joven se quedara sin estudios.
Pero dichos planteles en realidad resultaron en centros de adoctrinamiento, algunos incluso con una mínima membresía estudiantil.
De hecho, la Universidad de la Ciudad de México ha tenido más rectores que titulados; su fama se debe no a la calidad de la educación sino a los conflictos internos por el presupuesto.
Al menos que el Presidente tenga un súper proyecto, con la infraestructura incluida, todo apunta a que las Benito Juárez serán una copia de la Universidad de la CDMX.
Un fracaso pues.
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El lunes será investida como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos-Farjat, ex titular del SAT.
Ayer la Corte inició su primer periodo de sesiones correspondiente al 2020, en la que se esperaba la aparición de la nueva magistrada.
Pero será hasta el lunes cuando estrene toga, con muchos temas controversiales por resolver, entre ellos la famosa “Ley Bonilla’’.
Por cierto, durante el evento inaugural, el ministro presidente Arturo Zaldívar aseguró que la independencia y autonomía del tribunal “están garantizados’’.
Ya veremos.
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El affaire diplomático con Bolivia ha puesto la imagen del Gobierno mexicano como la comidilla a nivel continental.
Nadie duda que el Gobierno actuó conforme a la tradición de la diplomacia mexicana de asilar a perseguidos políticos, aunque en el caso de Evo Morales había diferencias sustantivas con respecto a otros casos de asilo.
Morales se robó una elección y pretendía perpetuarse en el poder, cosa que ignoró el Gobierno mexicano a pesar de la investigación de la OEA que concluyó lo anterior.
Segundo, no fue cualquier asilado, se le prestaron cámaras y micrófonos para que hiciera política desde México y ordenara una especie de sitio a la capital de Bolivia para dejarlos sin alimentos.
Ese le ha costado al Gobierno mexicano ser visto con sospecha, si no es que con sorna.
Eso cala.
LEG