El día de ayer, el Parlamento de España logró formar un Gobierno en torno a Pedro Sánchez, con lo cual se construye un pacto de izquierdas en ese país, constituido mayoritariamente por el Partido Socialista Obrero Español y por Unidas Podemos. El consenso se logró en medio de un clima de polarización, en el que —condicionadas por el conflicto territorial, fundamentalmente, en Cataluña— las fuerzas de izquierda y de derecha habían imposibilitado que se alcanzara un acuerdo.
El caso español pone en evidencia algunas dificultades y situaciones particulares que pueden surgir cuando los países se apegan a un sistema de Gobierno parlamentario. Bajo el parlamentarismo se privilegia la representación plural de las sociedades, pero conforme éstas se vuelven más diversas y encuentran espacios políticos a través del acceso a asientos en los parlamentos, se torna más complicado alcanzar consensos. En definitiva, mayor representatividad, a costa de menor gobernabilidad.
La pregunta de por qué España ha tardado tanto en formar un Gobierno progresista está en el surgimiento de Vox, el instituto político que representa a la ultraderecha, y en el miedo que genera su crecimiento exponencial. Se trata de un partido ultranacionalista y antiinmigración que ha avanzado, ante la amenaza independentista en Cataluña. El acuerdo de Gobierno fue un freno de mano que las fuerzas de izquierda utilizaron para evitar el posterior crecimiento de la ultraderecha.
El lado positivo de la balanza es la marcada intención de quienes integran la nueva coalición para priorizar una agenda progresista de respeto y ampliación de derechos. Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, ha dejado clara la intención de empalmar la agenda de este Gobierno con los objetivos de la Agenda 2030.
Pero, lamentablemente, se vislumbra una legislatura muy complicada para el joven Gobierno progresista. El conflicto entre Cataluña y España da muy poco margen de maniobra a los partidos involucrados. El acuerdo de Gobierno se sustenta en la abstención de los independentistas catalanes —poco interesados en la gobernabilidad de España—. Si el Gobierno no otorga concesiones a las demandas independentistas: amnistía para presos políticos, mesa de diálogo o directamente un referéndum de autodeterminación para Cataluña, cambiarán su abstención por el no.
A su vez, cualquiera de las concesiones anteriormente mencionadas sería munición letal para la derecha ávida de denunciar que Pedro Sánchez está destruyendo España sólo para poder gobernar. Se requieren acuerdos de Estado, y el Gobierno no parece ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlos.
El futuro del Gobierno español dependerá de la capacidad de lograr acuerdos progresistas de Estado que permitan el avance del país en un frágil equilibrio entre las diferentes sensibilidades, con posiciones cada día más polarizadas y con un grave conflicto territorial que amenaza con cronificarse.
España no es un caso aislado: actualmente, a nivel mundial, están surgiendo movimientos nacionalistas que buscan instalar una agenda de miedo. La coalición formada alrededor de Pedro Sánchez es un ejemplo de la necesidad actual que existe entre las sociedades para incorporar diferentes visiones que anteriormente no eran consideradas. Demuestra también que, ante las amenazas políticamente destructivas, la unidad se puede privilegiar, incluso por encima de las diferencias ideológicas.
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