@osdtagle
Dos temas traen en jaque a las principales empresas telefónicas del país. Tanto que han tratado de negociar con el Gobierno federal para que en el próximo periodo de sesiones del poder legislativo el tema de regular al cien por ciento la venta de chips de celulares se saque por completo de la agenda.
El otro tema que pareciera más sencillo pero que no ha podido implementarse en ningún Gobierno pese a los argumentos y promesas, es el del bloqueo de señal de celulares desde los denominados centros penitenciarios.
Ambos temas son molestos para las telefónicas, pues representan un gran ingreso para dichas empresas tanto la compra de chips, como las medidas alternas que tendrían que colocar en los alrededores de los reclusorios.
Sin embargo, parece que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no habrá vuelta de hoja, pues regular ambas medidas, podría reducir drásticamente delitos como los secuestros, extorsiones y otros de alto impacto.
De hecho, mediante una iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo busca crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, o al menos así lo ha planteado el propio Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo.
Lo que sabemos es que incluso el tema ya ha sido cabildeado entre los legisladores de Morena y los diputados de las distintas fracciones parlamentarias. Los partidos de oposición, pese a que no es necesario para avalarla.
Uno de los principales impulsores del tema es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien, en el marco de la reunión de cónsules y embajadores, habló del tema. Por ello incluso se tiene planteado que el Congreso avale dichas iniciativas en el periodo de sesiones que comienza en febrero próximo.
De acuerdo con la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (presentada por Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena), las compañías que suministran el servicio de telefonía celular van a entregar a éste los datos personales de quienes adquieran un chip o SIM, como su nombre, dirección, número telefónico e identificador del dispositivo, y datos del concesionario o distribuidor autorizado.
Pero dato más importante es que van a estar obligadas a reportar la fecha y hora de activación de la SIM, código de identidad, características del equipo donde se va a usar, así como el número de INE de quien compre el chip.
Los concesionarios van a tener que actualizar esta información y, en caso de incongruencias, el IFT va a emitir una prevención para que la empresa las aclare. De esta forma se acabará la venta de teléfonos en tiendas de conveniencia. Destaca también en la propuesta que los ciudadanos también tendrán la responsabilidad de asegurarse de que la línea telefónica esté vinculado con su nombre o denominación social.
De lado de los penales, la propuesta refiere crear un mecanismo seguro para que se bloquee la señal de los centros penitenciarios y se evite que de ahí salga cualquier tipo de llamada de extorsión. Parecen medidas obvias y que ya se aplican, pero por años las empresas telefónicas han logrado parar la regulación.