Quizá la política de combate al crimen organizado -o al crimen a secas- no vaya a cambiar a pesar de las estadísticas, pero cambiará al menos en los ordenamientos legales.

Si la balconeada de Alejandro Gertz Manero a Santiago Nieto no retrasaron los trabajos, es probable que esta misma semana se presenten en el Senado varias iniciativas enviadas por el Ejecutivo para refozar la procuración y la administración de justicia.

Se trata de un paquete que modificará la Constitución, el Código Penal Nacional y de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, así como a la Ley de Amparo, entre otras.

Es decir, un paquete que abarcará a todos los instrumentos legales sobre los que se aplica la justicia en el país.

De lo que se trata, a decir de algunos legisladores, es adecuar el marco jurídico a los nuevos tiempos.

Pero también de corregir o subsanar los huecos que ha dejado la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, que según varias ONG’s terminó favoreciendo a los delincuentes en perjuicio de las víctimas.

Gertz Manero es el responsable directo de redactar las iniciativas en las que participa también el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, y se supone que también Alfonso Durazo.

En palabras de un senador, fundamentalmente se busca evitar el efecto “puerta giratoria’’, es decir, que los delincuentes -como quienes portan armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas- salgan con facilidad.

No se conoce si habrá o no un nuevo catálogo de delitos, aunque hay senadores como Miguel Ángel Mancera que han propuesto iniciativas para castigar con cárcel la portación de armas así sean réplicas y sancionar con penas más severas a quienes comentan delitos violentos.

Lo interesante de este paquete es saber si las modificaciones propuestas alcanzarán no solo los ordenamientos legales en cuestiones de procuración de justicia sino al propio Poder Judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que desde hace meses le trae ganas el Gobierno de la 4T.

Veremos.

****

Una semana después de su estreno el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sigue generando quejas y más quejas.

No hay ni siquiera un folleto que explique a los millones de mexicanos que tenían el Seguro Popular cuáles son los alcances y cómo funciona el nuevo Instituto.

Y es que a pesar de que López Obrador insiste en que los servicios médicos son gratuitos, la verdad es que nunca lo han sido, siempre se ha pagado una cuota de recuperación en la atención de tercer nivel, pero éstas no habían sufrido un incremento de más del 400% de una sola vez.

El asunto es que las escenas que vimos en los hospitales de la CDMX se han replicado ya en varios estados en los que se acusa que ya ha habido muertos por la falta de atención médica que fue imposible costear a la familia del fallecido.

¿Por fin habrá una reconsideración o una corrección de lo que no funciona?

****

¿Alguién ha visto al ingeniero Javier Jiménez Espriú?

Desde hace algunas semanas el secretario de Comunicaciones no se ha dejado ver pese a que su sector se supone debe ser el más dinámico y el de mayor atractivo para atraer inversión.

El ingeniero no se ha dejado ver desde que anunció que en “el primer semestre de este año’’ informará sobre el accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla y su esposo.

Vamos, si pide información sobre el nuevo aeropuerto hay que remitirse a la Secretaría de la Defensa y no a la de Comunicaciones.

¿Entonces?