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“Hasta las bacterias funcionan por consenso, o no funcionan”, frase de Eduardo Punset, que podría ilustrar fielmente las actividades en el Senado derivadas de la presentación de las reformas en materia de justicia.


A unas horas del “evento”; en el que se presentarían 9 iniciativas de reforma judicial. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, anunció la presencia de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Seguridad, Alfonso Durazo; el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; y el mayor interesado en el asunto, el Fiscal Alejandro Gertz.
En un comunicado oficial, Monreal aseguró que los funcionarios traerían un paquete de nueve iniciativas para modificar la Constitución Política, la Ley de Amparo, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.


Así como propuestas para la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de la Fiscalía General de la República.
De inmediato, resúmenes y opiniones de documentos y anteproyectos filtrados por funcionarios, inundaron la red y alertaron sobre planteamientos que serían violatorios de las garantías individuales. No se trataba de iniciativas light en su conjunto planteaban una reforma completa al sistema de justicia penal.


Lo más cuestionado fueron la prohibición para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales, la desaparición de los jueces de control, y la ampliación del arraigo a todos los delitos. Incluso el nombramiento y sanción de jueces y magistrados desde el senado, vulnerando así la autonomía del poder judicial.
Para algunas organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos, se trata de documentos que confirman la postura del Gobierno de López Obrador: Todo lo que huela a pasado, se haya creado en administraciones pasadas, o en donde hayan intervenido funcionarios del sexenio anterior, se anula, haya funcionado o no.


La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho señaló que las iniciativas se presentaron a tres días de que se venciera el plazo establecido tras la reforma de 2018, para que el Ejecutivo Federal presentara el primer Plan de Persecución Penal.


Para la organización civil, el camino lógico sería que primero se evaluaran los resultados obtenidos a un año de haberse implementado la reforma de 2018, y por la que Gertz es ahora Fiscal. 


Pareciera que la filtración previa a la presentación de las iniciativas en el Senado, obedeció a una cautelosa estrategia de sondeo entre la ciudadanía, pues a pesar de la asistencia de los funcionarios a la sede senatorial, se anunció que las propuestas serán presentadas de manera “formal”, (seguramente, la rueda de prensa con el evento fueron “muy informales”), en el próximo inicio del periodo legislativo, es decir, hasta el 1 de febrero.


Los borradores no fueron circulados entre la mayoría de los senadores, y sólo los coordinadores tuvieron acceso al contenido que como se sabía plantea mecanismos que no serán sencillos de aprobar, ni entre la opinión pública, ni en las bancadas.
De ahí que la decisión fue “esperar” para lograr el “consenso”, y sí, Monreal sabe que, al menos en el Senado, esa palabra es la que logra las aprobaciones.