En un golpe “dos en uno”, el Senado estadounidense inició formalmente el juicio político contra el presidente Donald Trump y, posteriormente, la Oficina de Control del Gobierno de Estados Unidos (GAO, organismo de control no partidista del Congreso) concluyó que la Casa Blanca violó la ley al retener los recursos en materia de seguridad para Ucrania aprobada por los legisladores.
El demócrata Adam Schiff, quien encabeza el equipo de siete miembros de la Cámara de Representantes que harán la labor de fiscales, compareció en el Senado para leer los dos cargos aprobados por la Cámara baja el 18 de diciembre y que acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus tratos con dicho país europeo.
El presidente del Tribunal Supremo de EU, el juez John Roberts, prestó juramento para presidir el juicio contra el mandatario, al igual que los 100 senadores que ejercerán de jurados.
Las declaraciones de apertura del juicio, solo el tercero en la historia de Estados Unidos contra un presidente, se esperan para el próximo martes.
El abuso de poder citado por la Cámara baja incluye la retención de Trump de 391 millones de dólares en ayuda de seguridad para Ucrania, una medida que los demócratas han dicho que intentó presionar a Kiev para que investigue a Joe Biden, el más probable rival del mandatario en la elección presidencial del 3 de noviembre.
“La ejecución fiel de la ley no permite al Presidente sustituir las prioridades transformadas en leyes por el Congreso para aplicar sus propias prioridades políticas”, difundió la GAO, refiriéndose al hecho de que el Congreso ya había aprobado la asignación de los fondos.
Dicho organismo es una agencia de auditoría de las labores del Gobierno federal que asesora a legisladores y entidades gubernamentales sobre cómo gastan los dólares de los contribuyentes.
Se avalan recursos para Puerto Rico, en alerta por sismos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la declaratoria de desastre para Puerto Rico por los estragos ocasionados por los sismos que estremecen a la isla caribeña desde diciembre.
La declaración dispone fondos federales para los damnificados en los municipios de Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco, los más afectados por los más de mil movimientos telúricos que se han producido en Puerto Rico desde el 28 de diciembre, según la red de monitoreo sísmico de la isla.
Asimismo, de acuerdo con el comunicado de prensa dado a conocer por la Casa Blanca con la declaratoria presidencial de desastre, se incluyen “subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios a recuperarse de los efectos del desastre”.
Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos, sujeto a la autoridad y poderes del Congreso de la Unión estadounidense, luego de que fuera entregado a Washington por Madrid en los acuerdos del Tratado de París de 1898, que pusieron fin al conflicto bélico entre las dos naciones.
Debido a ese estatus, la isla caribeña debe recibir ayuda federal y subvenciones ante casos de desastres.
fahl