Porfirio Hernández Chávez regresó a Tlahuelilpan el 24 de diciembre de 2018 proveniente de Estados Unidos donde trabajaba como jornalero, su intención, era ver a su mamá antes de que falleciera.
“La verdad”, relata María, su cuñada, “es que vino a morir. El debía regresar hasta febrero pero se adelantó porque quería ver a su mamá. Nos decía que a lo mejor era la última vez que la vería con vida porque ya estaba muy enferma”.
Porfirio Hernández es una de las 137 personas que fallecieron hace un año por la explosión de una fuga de gasolina en un ducto propiedad de Pemex, en el límite de los municipios de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, y a donde había acudido, junto con centenares de pobladores de la región, a recolectar combustible.
Dejó en orfandad a dos pequeños, una niña de cuatro años, y un niño de dos, que a un año de su muerte, aún preguntan por su padre.
“No entienden bien qué fue lo que pasó, a veces como que se acuerdan de su papá y preguntan por él, qué dónde está, les decimos que se fue a trabajar al cielo, pero quieren saber cuándo regresa”, expresa María.
Pide que no se hable con la viuda de Porfirio, porque “ahorita entró como en shock”, pero su hermana ha decidido ser su voz y reclama la falta de apoyo de los gobiernos estatal y federal.
“Si pudiera usar uno de esos micrófonos ahorita”, dice mientras mira hacia el templete desde donde funcionarios municipales, estatales y federales presencian un acto en memoria de los fallecidos, “le juro que les diría si creen que con 600 pesos al mes, y una despencita de un kilo de arroz, de avena y de frigol, y una lata de sardinas alcanza para alimentar a dos niños”.
El único que les ha ayudado sin condicionamientos, dice, es el presidente municipal de Tlaxcoapan, Jovani León Cruz, quien en una ocasión, ante la tardanza de apoyos oficiales se comprometió a que les daría ese mes su sueldo de alcalde.
“Y así fue, lo dividió entre los afectados y repartió su sueldo; tantos son y de a tanto les toca”, recuerda.
Su hermana, continúa María, buscó apoyo para instalar una farmacia, pues es enferma de profesión, pero no prosperó su proyecto.
“Lo que le han dicho es que podrían apoyarla para una pastelería, porque tiene un curso de repostería, pero tampoco se ha podido”, señaló.
Algo similar le pasa a la viuda de Carlos Javier García, quien mantiene a sus tres hijos con un puesto de antojitos que instala afuera de su domicilio.
Ese es el único proyecto de apoyo que ha recibido, comenta también su cuñada Norma Angélica.
No todos los familiares de las víctimas de la explosión accedieron a platicar con medios de comunicación, y se disculpaban por no querer hacer comentarios.
Otros, confesaba que el robo de combustible es un delito que continúa cometiéndose en esa zona.
“Sabemos y escuchamos, y eso del huachicol no se ha acabado, ya no se ve, pero siguen haciéndolo”.
Del memorial que se anunció y la instalación de nichos que han construido varias familias en el lugar de la explosión, unos lo ven como un recordatorio de algo que no debe repetirse y otros lo consideran innecesario, pues los restos de sus seres queridos están sepultados en los panteones municipales.
TFA