Grupos irregulares armados controlan en forma violenta a los pobladores del departamento colombiano de Arauca y del estado venezolano de Apure, zona fronteriza entre ambos países, reportó hoy la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
“Los guerrilleros son la policía’: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, asienta el organismo internacional en un informe de 69 páginas hecho público este miércoles.
El informe “Colombia/Venezuela: Grupos armados controlan la vida de la población”, documenta crímenes cometidos por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el “Frente Décimo Martín Villa”, un grupo disidente que se formó a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca y Apure, estos grupos armados a menudo cometen abusos que incluyen homicidios, trabajo forzado, reclutamiento de menores y violaciones sexuales. Estos abusos quedan casi siempre en la impunidad, señala la investigación de HRW.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo humanitario.
“Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”, puntualizó.
Una misión de HRW visitó la región de Arauca en agosto de 2019, en donde entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Human Rights Watch también envió solicitudes de información a autoridades colombianas y venezolanas y consultó numerosas fuentes de información y otros documentos.
El informe concluye que los grupos armados en ambos lados de la frontera han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos.
Las normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. Los grupos extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
Los grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
Pareciera que los grupos armados tienen mucha más libertad de acción en Venezuela que en Colombia. En varias oportunidades, los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela, se asegura en el informe.
Los grupos armados irregulares han cometido en los últimos años cada vez más homicidios, incluso contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En 2015, cuando las FARC acordaron un cese al fuego en el contexto de las negociaciones de paz con el gobierno, las autoridades registraron 96 homicidios en Arauca.
Desde entonces, el número de homicidios se ha incrementado; hubo 161 homicidios entre enero y fines de noviembre de 2019. Los grupos armados son responsables de la mayoría de estos homicidios, recordó HRW.
Los grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajo forzado. Los obligan a trabajar sin recibir pago alguno, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
Residents at the border of Colombia and Venezuela live in fear, as armed groups recruit their children and impose their own rules and punish those who disobey, even with murder or months of forced labor in the fields. https://t.co/tKopik7InB pic.twitter.com/Lq0fnodubz
— Human Rights Watch (@hrw) January 22, 2020
EFVE