A pesar de que fue una bandera en sus tres campañas, los derechos humanos no parecen ser algo que esté en top cinco de los temas de interés de este Gobierno.

No solo por lo ocurrido antier en el Suchiate, en donde el fallido operativo de contención de la caravana de hondureños que quisieron ingresar a territorio nacional nos regaló escenas y fotografías de escándalo, sino por la forma en la que el tema ha sido tratado.

Al presidente López Obrador no le importó pagar el costo político de imponer a una favorita, María del Rosario Piedra Ibarra, al grado de provocar una crisis en el Senado por el método empleado para hacerla ganar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Piedra Ibarra ni siquiera había sonado para el cargo sino hasta unos días antes de que venciera el plazo para postularse, su madre, Rosario Ibarra de Piedra, una activista mundialmente reconocida, recibió la medalla “Belisario Domínguez’’ que concede el Senado.

La activista no pudo recoger personalmente el galardón, que fue entregado a su hija, hoy presidenta de la CNDH, quien era prácticamente una desconocida para el grueso de la población nacional.

A días de la elección del presidente de la CNDH, López Obrador tiró línea al Senado y dijo que él prefería a una persona de la sociedad, con experiencia en el tema, antes que a los profesionales con títulos y maestrías sobre derechos humanos.

El resto de la historia es conocida.
Ibarra ganó una cuestionadísima elección, no solo por la forma en que se dio sino porque no cumplía con los requisitos para ser tomada en cuenta para el cargo.

Su paso ha sido oscuro, ni siquiera gris.

Sobre el tema de la caravana migrante, la CNDH se limitó a emitir un boletín en el que anuncia que “acompaña’’ a los hondureños pero hasta el cierre de este espacio nada había dicho sobre los excesos de la Guardia Nacional o del Instituto Nacional de Migración en la contención de la caravana.

Para rematar sobre la importancia que el Gobierno le da a los derechos humanos, Piedra Ibarra presentará ante la Comisión Permanente el informe anual de labores correspondiente al 2019, cuando generalmente todos los informes de la Comisión se rendían o en Los Pinos, ante el Presidente de la República.

Si dudan del desdén que el Gobierno de la 4T tiene por los derechos humanos, no se fije solo en este hecho que parece solo simbólico.

Espere conocer de cuerpo entero las iniciativas de reforma al sistema penal que se presentarán formalmente el 1 de febrero para que entonces se preocupe.

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Aunque nadie puede ser acusado de portación de pariente peligroso, en muchos otros países democráticos, el hecho de una relación filial entre un funcionario y un delincuente habría sido impedimento o causa de renuncia al cargo.

Pero como en México -y Veracruz con más razón- la ley es la excepción y no la regla, la fiscal del estado Verónica Hernández, reconoció que es prima de una conocida operadora de Los zetas en la entidad, Guadalupe Hernández Hervis, alias La Jefa.

Los señalamientos vinieron de la bancada de Morena en el Congreso local, así que no fue denuncia del calderonismo ni nada por el estilo.
¿Puede confiarse la seguridad de los veracruzanos a una funcionaria con esos lazos familiares? ¿Actuará imparcialmente? ¿Seguros?