En Jalisco, la carta de no antecedentes penales ya no será requisito obligatorio para emplear a un trabajador, en empresas o instancias de Gobierno ya que el Congreso del estado aprobó que fuera eliminado para evitar la discriminación laboral.
Los diputados jaliscienses votaron en favor de las reformas a las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo estatal, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y el Código Penal. La aprobación es parte de la armonización con la Ley de Nacional de Ejecución Penal.
“Estamos garantizando el respeto de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos al evitar que se presente cualquier tipo de discriminación por haber sido recluidos en algún centro penitenciario.
Esta acción permitirá hacer una verdadera reinserción social”, expresó Priscila Franco Barba, diputada de Movimiento Ciudadano, promotora de la iniciativa.
En las reformas se establece que el IJCF únicamente tendrá la facultad de emitir la constancia de antecedentes penales en casos como la solicitud expresa de alguna embajada o consulado, o que alguna autoridad administrativa o judicial la requieran.
También en casos de cumplir un derecho u obligación como la portación de armas o cuando se quiere ingresar a instituciones de seguridad pública o privada, como lo dicta la Ley Nacional de Ejecución Penal desde 2016.
Las secretarías de Trabajo y de Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres, deberán vigilar y supervisar que no existan casos de discriminación laboral por parte de los empleadores, mediante la solicitud de la constancia de no antecedentes penales.
Hasta hoy, en el IJCFJ, una carta de no antecedentes penales tiene un costo de 70 pesos y en caso de requerir certificación, deben pagarse 27 pesos adicionales.
LEG