El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna dejó los casos que venía llevando, entre ellos el de Rosario Robles Berlanga, esto a unos días de que concluya el plazo de investigación complementaria y de que la Fiscalía General de la República (FGR) presente la acusación formal en contra la ex funcionaria.

El impartidor de justicia fue designado como administrador del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, donde se encargará de gestiones administrativas, pero ya no conducirá ninguna audiencia.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF)  dio a conocer que tal procedimiento se encuentra descrito en el Acuerdo General 36/2014, en el que cada año se hace este tipo de movimientos en los centros de justicia para designar a un nuevo juez administrador de entre los jueces de control disponibles. Para este 2020 correspondió la rotación de un total de 33 jueces administradores en los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF), entre ellos, el del Reclusorio Sur.

De esta manera, tanto las audiencias del caso Robles así como los otros procedimientos que llevaba Delgadillo Padierna pasarán ahora a manos de alguno de los dos jueces federales que fungen como jueces de control en el Reclusorio Sur: Ana Gabriela Urbina Roca o Ganther Alejandro Villar Ceballos, quien será designado en la próxima audiencia de la ex funcionaria federal.

El juez Delgadillo Padierna atrajo los reflectores y género polémica durante el caso de Robles, tanto por sus resoluciones como por su relación con la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, quien es su tía.

Los abogados de la ex funcionaria pidieron a las autoridades del Poder Judicial de la Federación considerar esta situación de parentesco como un “impedimento legal” para que el juez llevará el caso de su clienta.

El 25 de octubre del año pasado, la defensa de la extitular de Sedesol acusó de corrupción y solicitó una petición al juez Delgadillo Padierna para que se separara de este caso por su actuación, la cual había sido con “ánimo de animadversión en perjuicio de Rosario y sus abogados”.

El 13 de enero, los abogados de la ex jefa de gobierno capitalino interpusieron un juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia penal, que en diciembre ratificó la medida de prisión preventiva justificada que el impuso el juez Delgadillo Padierna.

La ex funcionaria permanece en prisión preventiva desde el mes de agosto en el Penal de Femenil de Santa Martha Acatitla,  luego de que la FGR la acusara por un posible daño al erario público por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada ‘La Estafa Maestra’.

Robles también fue inhabilitada por 10 años por orden de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Aobre este caso ayer se dio a conocer que la magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña Adame, concedió una suspensión definitiva de la inhabilitación, en beneficio de Robles.

La magistrada determinó que la sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de diez años queda sin efectos hasta que se resuelva el juicio contencioso administrativo 24334/19-17-06-2.

Lo anterior significa que Rosario Robles Berlanga no será inscrita en el Registro de Servidores Públicos Sancionados .

El Gobierno federal informó anoche que “en estricto apego a la legalidad, la Función Pública sostendrá la validez de sus resoluciones en las instancias correspondientes”.

 

Con información de Diana Benítez

 

Abogados acusan agravios en el proceso

Alejandro Granados

El equipo jurídico de Rosario Robles presentó una queja ante la sección instructora de la Cámara de Diputados, en la que acusan “agravios en el proceso” y externan su rechazo “al escarnio y a la sistemática violación de Derechos Humanos, de la cual está siendo víctima” su defendida.

Destacan que Robles se enteró a través de los medios de comunicación que fue notificada para presentarse a una audiencia, el 29 de julio de 2019.

El documento firmado por los abogados Epigmenio Mendieta y Javier Sánchez, fue entregado al presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, en el que advierten que si los diputados continúan con el juicio político “incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento proceso oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes”.

También argumentan que en el proceso jurídico contra la ex funcionaria existe “una violación al principio de legalidad y debido proceso legal, ya que el procedimiento que nos ocupa ha estado plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales”.

LEG