Fortalecer la autonomía e independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial, así como facilitar los mecanismos de denuncia, son las propuestas de Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), para lograr una reforma eficiente en materia de procuración de justicia.
“Hoy, más de 90% de los delitos no los denuncia la gente porque no cree en el sistema de justicia”, advirtió el panista.
Ante ello, celebró que el Ejecutivo Federal haya dado más tiempo para presentar las propuestas de iniciativa en la materia, pues – a decir del legislador– los anteproyectos “filtrados” eran una “aberración”.
Incluso, destacó, entre los mismos morenistas no existe consenso para apoyar las reformas que se pretenden plantear en cuanto al arraigo, la presunción de inocencia y la presentación de pruebas, entre otros temas.
“Creo que traen un conflicto interno, no se han puesto de acuerdo, no hay consenso, fuego amigo, pero por el motivo que sea a mí me da gusto que no se hayan presentado estas iniciativas. Sí te habla de un desorden que tienen que atender, pero si iban a presentar esta aberración de reforma al sistema de justicia, mejor que no lo hayan presentando”, consideró.
El senador manifestó que de confirmarse la propuesta de incrementar el catálogo de delitos para el arraigo, se estarían coartando los derechos de los ciudadanos y se le otorgaría más poder al Estado, pues “se daría marcha atrás a la presunción de inocencia”.
Por ello, confió en que una vez iniciado el período ordinario de sesiones (1 de febrero), el Ejecutivo y la Fiscalía “presenten una reforma que tenga en el corazón mejorar la justicia” y con ello terminar con la cifra de 90% de delitos que no se denuncian”.
En la víspera se anunció que serían entregadas nueve iniciativas de reformas constitucionales a diversos ordenamientos de procuración e impartición de justicia; sin embargo, éstas sólo fueron presentadas verbalmente.
Entre los anteproyectos que ya no se presentaron ante el Senado, y de los cuales 24 HORAS tiene copia, se propone mantener y ampliar la figura del arraigo para todos los delitos y no sólo para delincuencia organizada como se establece en la legislación actual.
Se reduce el plazo de arraigo a 40 días máximo a diferencia de los 80 días que están vigentes y, “se amplía para todos los delitos, eliminándose la restricción de su aplicación a delitos en materia de delincuencia organizada”, señala sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que ha hecho llamados al gobierno mexicano para eliminar la figura del arraigo, toda vez que la considera violatoria de las garantías individuales.
LEG