FOTO: CUARTOSCURO/ARCHIVO SHCP detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos  

El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, es investigado por el presunto desvió 83 millones de pesos de la empresa productiva del Estado, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

El desvío se realizó mediante una universidad y una empresas fantasma a las que se les otorgaban contratos para sacar el dinero con fines personales o electorales

Ante senadores de Morena, detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos.

“Estos son casos nuevos, esto tiene que ver con Pemex en la administración del señor Emilio Lozoya. Es un caso de 83 de millones, donde se utiliza nuevamente a una universidad y esa universidad contrata empresas fachada”, aseveró
Explicó que de acuerdo a las investigaciones, se encontró la creación de empresas fachada, las cuales eran constituidas y competían ilícitamente contra los empresarios porque ganaban los contratos y estas empresas tres o cuatro meses de haber ganado millones de pesos desaparecían.

Dijo que el dinero era trasladado a cuentas particulares, de ahí se sacaba el dinero en efectivo y por “trasladores de valores era llevado a distintos lugares de la República, e inclusive, fuera de las fronteras nacionales. evidentemente distrayendo recursos públicos para fines de naturaleza personal o electoral”, señaló.

El funcionario de Hacienda recordó que esta administración fijó como estrategia combatir la estructura financiera del sicariato de los cárteles del narcotráfico que operan en México.

En este sentido dijo que si bien se han congelado cuentas y se ha hecho un combate al lavado de dinero, también hay que minar la corrupción política de grupos locales, que le da protección a estas organizaciones delincuenciales.

De igual manera señaló que hay que contrarrestar la corrupción al interior de los ministerios públicos y la judicial, que también les otorga mecanismos jurídicos de protección.

 

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