A ver a ver, estuvo bien que tanto el director del IMSS, Zoé Robledo, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un comunicado, hayan tratado de precisar los alcances de la resolución de la Segunda Sala, en materia del tope a las jubilaciones.
Como saben, el 24 de enero, la Segunda Sala de Corte determinó que quienes hayan cotizado antes de 1997 pero prefieran jubilarse con la ley del IMSS de 1973, tendrían como tope máximo 10 salarios mínimos para el cálculo de su pensión.
Ello generó inconformidad entre millones de trabajadores ante el temor de perder buena parte del dinero esperado para su jubilación.
En la conferencia matutina, Robledo aseguró que el IMSS seguirá calculando las pensiones con el tope de 25 salarios mínimos, como establece la ley reformada del IMSS en 1997, lo que aparentemente tranquilizó a los trabajadores.
La Corte trató de hacer lo mismo a través de un boletín.
Según el máximo tribunal del país, quienes decidan jubilarse con la ley del IMSS de 1973, tendrán como tope para el cálculo de su pensión vitalicia (ojo) 10 salarios mínimos.
Pero, para quienes decidan jubilarse de acuerdo a la ley del IMSS de 1997, mantendrán como tope los 25 salarios mínimos “hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, de lo acumulado en su Afore’’.
¿Notó la diferencia?
Es decir, que si opta por la jubilación en términos de la ley del IMSS de 1973 tendrá una pensión vitalicia pero si lo hace en términos de la ley de 1997, el monto de su pensión y la duración de la misma estarán determinados por los recursos que tenga en su Afore.
Eso es lo que se entiende del comunicado de la Corte.
Sería bueno que el director del IMSS, precisará nuevamente sí esto es así o se trata de otro mal entendido.
Esta bien que tanto Robledo como la Corte hayan salido ayer a tratar de aclarar, pero hubiera sido mejor si desde el mismo 24 de enero hubieran salido a aclarar los alcances de la jurisprudencia.
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Los gobernadores del PAN siguen sin dar su mano a torcer.
Los nueve mandatarios estatales se reunieron con el presidente López Obrador para cerrar su adhesión al Insabi pero ésta no se concretó.
Los gobernadores insisten en conocer las corridas financieras en las que se precisaría el alcance de la gratuidad de los servicios médicos en sus estados.
Ellos insisten en que la gratuidad sea progresiva pero el Gobierno exige el compromiso de que sea total y de una sola vez.
No hubo acuerdo pero las negociaciones no se han roto.
Así que los mandatarios del blanquiazul tendrán por lo menos una semana más para estudiar la contrapropuesta que recibieron ayer del propio Presidente, quien bajita la mano, los acusó de querer seguir comprando medicinas caras.
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Ayer se hizo la entrega de la Denominación de Origen del Café Pluma, que había sido una lucha de los cafetaleros de la costa de Oaxaca.
Y aunque parece un logro menor, se trata del resultado favorable a una petición de varios años que finalmente pudo concretar Alejandro Murat.
Ahora sigue la lucha por defender la denominación de origen del Mezcal, que otros estados disputan a Oaxaca.