“Frivolidad y conciencia social no se llevan”

Enrique Serna

 

Amigos y amigas juristas coinciden en que el sistema de justicia mexicano posee severas “debilidades”, y subrayan que “si no tienes poder y dinero” no hay justicia que alcance. Las demandas más sentidas durante la última década han sido precisamente acabar con la corrupción y la impunidad, y uno de los poderes de la República que se niega a dejar atrás impunidad y privilegios es marcadamente el poder judicial. En el esquema constitucional del periodo post revolucionario, la impartición de justicia ha estado marcada por la impunidad, el oscurantismo, la poca transparencia y la nula rendición de cuentas.

 

La justicia, por supuesto, no está lejos de los procesos económicos, es una consecuencia. En un mundo donde se privilegia la creación de riqueza y se aplaude la opulencia, la pobreza se criminaliza y la justicia responde a intereses y privilegios, “quien no tiene dinero para pagar una defensa” no obtiene justicia.

 

El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz asegura que las injusticias que no se corrigen, se heredan y en un mundo donde de la desigualdad es la norma, pareciera que estamos condenados a perpetuar la injusticia y la pobreza.

 

A finales del siglo pasado, durante la gestión de Ernesto Zedillo, se observó una profunda reforma en materia de impartición de justicia que, sin embargo, no ha sido suficiente para horadar la cerrazón y la impunidad con la que actúan jueces y magistrados. Sería un error pensar que la mayoría de los impartidores de justicia actúan con valores medievales, sin embargo, la minoría que reproduce esquemas de abuso y oprobio, construyen una percepción que retrata una justicia mexicana deshonesta e impúdica.

 

El caso reciente del ex Magistrado, Eduardo Medina Mora; los casos añejos de Nelson Vargas y de Alejandro Martí, así como el de Sergio Aguayo, solo son la punta de un iceberg que flota encima de un mar de impudicia y escabrosa obscenidad marcada por el influyentismo, nepotismo, enriquecimiento ilícito y opacidad.

 

De acuerdo con la Dra. Graciela Córdova, de la UNAM, el neoliberalismo ha propiciado la creación de algo que llama el “Derecho Penal del Enemigo”, en donde el enemigo es el pobre. El concepto se ha generado en un contexto donde las élites políticas, financieras y económicas, extienden los procesos de explotación a través de recursos jurídicos y judiciales, que terminan sometiendo a los más necesitados. La cárcel, se repite hasta la saciedad, está llena de pobres, y en efecto, así es.

 

Por ello, no causa sorpresa que la propuesta del actual gobierno de introducir una amplia gama de reformas en materia jurídica genere escozor entre la élite jurídica acostumbrada a la impunidad, a la ausencia de control, la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas. La justicia es también un tema de pobreza y desigualdad, y no solo de pobreza económica sino de miseria y pobreza humana, sobre todo, de quienes deberían estar obligados a garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.

 

De la libreta

 

1.- Autoridades de la UNAM han identificado a un grupo de delincuentes profesionales quienes se encuentran detrás del nuevo intento por desestabilizar a la máxima casa de estudios. Después de 10 semanas de tener secuestrada la Prepa 9, el pasado fin de semana, fue detenido en flagrancia, Enrique del Carpio, quien intentaba salir del plantel con un valioso equipo especializado de esgrima. De manera desafortunada, el movimiento estudiantil que inició con una legítima demanda de detener la violencia de género, se está desvirtuando con la participación de algunos “estudiantes” que no son expertos en Matemáticas, sino en apropiarse de lo ajeno, y que, además son financiados por funcionarios y ex funcionarios de la máxima casa de estudios.

 

2.- En La Fiscalía General de la República hay una denuncia contra Jorge Alcocer Villanueva, Coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación. Se le acusa de incurrir en omisiones patrimoniales al no divulgar sus ingresos como accionista de tres empresas. La denuncia expone que el ex perredista, ha obtenido 52 contratos por adjudicación directa, a través de las empresas Centro de Estudios para un Proyecto Alternativo; Nuevo Horizonte Editores, S.A de C.V.; y Alternativa en Economía S.A. de C.V., de donde obtuvo ingresos por más de 14 millones de pesos de 2015 a la fecha, sin que haya reportado tales ingresos a las autoridades hacendarias.

 

3.-Hablando de justicia. Diputados de la CDMX aprobaron un exhorto al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia para investigar posibles conflictos de interés vinculados al caso del académico Sergio Aguayo. Una decisión judicial en ese sentido vulnera y degrada la libertad de expresión.

 

aarl