Los penales estatales, conocidos como Ceresos, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), padecen diversas fallas como insuficiencia de personal, autogobierno, así como una separación deficiente entre procesados y sentenciados.
Al respecto, Saskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, señaló que hay un abismo entre un penal federal y estatal, “en México, los penales federales en su mayoría están privatizados y eso los ha hecho penales de primer mundo”.
Señaló que, por ejemplo, el Altiplano tiene alrededor de nueve aros de seguridad para ingresar a donde está la población, tiene división absoluta de ingreso con áreas de máxima seguridad, celdas de observación, así como tecnología de punta.
Como contexto, el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, fue donde, el martes pasado, trasladaron al líder de la Unión Tepito, Óscar Andrés Flores, alias El Lunares.
Para Niño de Rivera, los penales estatales son un problema, porque en su gran mayoría son parte de las ciudades, son obsoletos, y además, año con año se van desgastando como ocurre cuando se presenta un sismo.
“Se requiere presupuesto y estrategias claras, porque el descuido de tantos años de los reclusorios en el país ha generado problemas muchos mayores, hoy los penales como lo podemos ver en ciertos estados son plazas del mismo narcotráfico” manifestó a 24 HORAS.
Por su parte, Edgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que seguimos teniendo problemas en los penales de autogobierno, sin que las autoridades efectuén alguna acción efectiva para investigar.
“A pesar que en 2010 hubo reformas al tema de Derechos Humanos y se planteó que -las cárceles- tenían que funcionar en razón de una situación respetuosa, eso no ocurre, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia está totalmente abandonada y olvidada”, externó el activista a este diario.
Comentó que la situación de las personas privadas de su libertad tiene que ser una prioridad porque están bajo la responsabilidad del Estado, y aunque hayan sido sentenciados por un delito, no tienen que sufrir todos los malos tratos que regularmente se presentan.
Detalló que a medida que se aumenta la prisión preventiva a más delitos se tiene gente que incluso no tiene sentencia y se encuentra en juicio penal, pero permanece en la cárcel.
“Cuando hicimos la reforma del sistema penal acusatorio era que la prisión preventiva fuera una excepción y no una regla, pero es una medida que se aplica en la gran mayoría de los casos”, apuntó.
