El choque entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de El Salvador por la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para modenizar al Ejército y a la policía, se asienta en una larga crisis en materia de seguridad que sigue sin solución.
El Plan Control Territorial (PCT) del presidente salvadoreño Nayib Bukele requiere 575 millones de dólares (mdd) a fin de garantizar la seguridad en El Salvador, meta al parecer inalcanzable lo mismo para las estrategia tradicionales que para las alternativas.
Del total de 575 mdd, 200 mdd se obtendrán de préstamos y los restantes 375 mdd serán aportados por “países amigos”, indicó el mandatario hace exactamete siete meses, el 10 de julio pasado.
De la cifra proveniente de préstamos, poco más de la mitad, 109 mdd, corresponden a un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y permitirán concretar la Fase III que consiste en la modernización del ejército y las fuerzas policiales del ministerio de Justicia y Seguridad.
El BCIE aportará esos recursos a un plazo de 20 años y 36 meses de gracia. Datos del ministerio salvadoreño de Hacienda ubican a 31 mil derechohabientes de las fuerzas armadas como beneficiados, citó La Prensa Gráfica.
También se beneficiará a mil 963 agentes policiales y 17 mil soldados mediante la adquisición de equipo e infraestructura de videovigilania, movilidad estratégica, equipo táctico y modernización hospitalaria.
Se cita la compra de drones, helicópteros, 166 patrullas, uniformes, chalecos antibalas, ambulancias, equipos de laboratorio y un buque.
Empero, los opositores Frente Martí de Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) señalaron que tienen dudas sobre cómo se ejecutarán los recursos, y a través de sus legisladores retiraron de la agenda el dictamen sobre el préstamo.
Las pandillas en El Salvador
Mientras tanto, El Salvador acumula ya 15 años de políticas de seguridad fallidas, incluyendo enfoques alternativos que buscan prevenir la violencia atacando las raíces sociales de las pandillas, principales responsables, señaló Crisis Group en su estudio sobre la situación fechado en diciembre de 2017.
Describe que el país centroamericano “está siendo azotado por una implacable guerra entre pandillas. Una violencia excepcionalmente intensa y persistente enfrenta a pandillas callejeras rivales, así como contra la policía y el Estado.”
Agrega que “sus recientes tasas de homicidio están entre las más elevadas del mundo y sus cárceles entre las más superpobladas. Su principal pandilla, la Mara Salvatrucha (MS-13), es sinónimo de la amenaza de la migración indocumentada para el presidente estadounidense Trump”.
En este país operan varias pandillas pero tres son las principales: Mara Salvatrucha así como Sureños y Revolucionarios, facciones de Barrio 18, cuyas rivalidades parecieron encontrar una tregua en 2012 tras la intervención del entonces presidente Mauricio Funes para que alcanzaran un acuerdo.
Pero con la llegada al poder del FMLN el enfoque de acuerdo se cambio por el de dar protagonismo al Ejército y la policía, lo que mató la tregua en 2014 y originó que las pandillas matarán a 64 policías y 24 soldados en 2015, lo que a su vez aumentó las acciones de represión.
En ese marco del cambio de enfoque contra la violencia, acuerdos secretos entre gobierno y pandillas salieron a la luz y alimentaron acusaciones promovidas por el actual fiscal general Raúl Melara de conspiración y fraude electoral contra el FMLN y Arena en entendimiento con pandillas.
Ya en la actual administración, la fiscalía salvadoreña afirmó que Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, dieron a las pandillas 150 mil dólares para apoyo electoral, el cual contribuyó a la victoria del entonces candidato Salvador Sánchez, quien se convirtió así en mandatario (2014-2019).
Pero también Arena ha sido acusado del mismo tipo de arreglos, mediante los cuales y gracias a unos 100 mil dólares, se buscaba impulsar a su candidato presidencial Norman Quijano, quien perdió ante Sánchez.
CS