De acuerdo con la Convención Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, la desaparición forzada es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas que actúan con el consentimiento del mismo. Dicho delito es uno de los que más lacera a nuestra sociedad, ya que viola diversos derechos humanos como lo son: la vida, la libertad, la seguridad, la salud, el trato digno entre otros, aunado a que se usa como estrategia para infundir terror a la ciudadanía.
Las desapariciones forzadas son un fenómeno que ha aumentado de manera dramática. Apenas en enero de este año, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que existen 61 mil 637 personas desaparecidas en el país. Asimismo, actualmente tenemos una crisis de identificación forense, ya que se tiene registro de más de 30 mil cuerpos sin identificar en diversas instituciones forenses del país.
Únicamente en el primer año de esta administración, se han localizado 874 fosas clandestinas, de cuyo interior fueron exhumados mil 124 cuerpos. Estos cementerios ilegales han sido localizados muchas veces por madres y padres de víctimas de desaparición, ya que el Estado se encuentra superado en las labores de búsqueda e identificación de cuerpos, esto como resultado de los escasos recursos que el Gobierno federal ha destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Desafortunadamente, existe una cifra negra de personas desaparecidas, ya que, por ejemplo, los migrantes son víctimas de este lamentable delito, sin embargo, no es denunciada dicha desaparición debido a que sus familias desconocen dicha situación.
Por otro lado, es urgente que el Gobierno mexicano acepte la competencia para casos individuales del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ya que, si bien es cierto, el Presidente manifestó en agosto del año pasado que lo iba a hacer, también lo es que a la fecha no lo ha realizado. Aunado a lo anterior, sigue pendiente la aceptación de una visita de la ONU a nuestro país para revisar las políticas que se están implementando sobre la materia.
Es importante señalar que el titular del ejecutivo federal declaró en agosto del año pasado, que iba a destinar recursos ilimitados para la búsqueda de personas, sin embargo, en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio fiscal, vimos con desaliento que incumplió con su palabra. En las entidades federativas, la situación es igual de desalentadora, ya que a pesar de que prácticamente todas cuentan con una Comisión Estatal de Búsqueda, el presupuesto que se les ha asignado no es suficiente para atender y abatir esta crisis de inseguridad que está viviendo el país.
Es necesario que el Gobierno multiplique esfuerzos a efecto de que, con base en los principios rectores de búsqueda de personas desaparecidas, se logre disminuir el flagelo que representa para las familias mexicanas el que uno de sus integrantes sea sustraído por agentes del Estado y se desconozca su paradero. Hacemos votos porque el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense coadyuve para cumplir con la deuda que el Estado tiene con las víctimas. Es momento de otorgarles verdad, justicia y reparación.
@kenialopezr