La controversia generada en torno al estatus legal del feminicidio no tendría razón de ser si quienes, desde la sociedad civil o el Poder Legislativo, no hicieran de este grave delito una causa política o de victimización que impida cualquier diálogo con las autoridades encargadas de combatirlo.
Tal ha sido el caso del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su propuesta de modificar el marco que regula el feminicidio para facilitar los procesos que se siguen en contra de quienes cometen este tipo de crímenes que tanto afectan a la sociedad.
En muchas ocasiones, y así ha sido señalado desde las organizaciones civiles, los procesos en torno a estos casos que de manera alarmante se han incrementado en prácticamente todo el país, se dificultan o no llegan a resolverse por la existencia de un marco legal complejo.
Recordemos que el artículo 325 del Código Penal Federal define el delito de feminicidio. Para que éste suceda, debe considerarse la concurrencia de al menos una de las siete circunstancias previstas por la ley: que la víctima presente signos de violencia sexual; que se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes; que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza con el homicida; que existan amenazas relacionadas con el hecho delictuoso; que la víctima haya sido incomunicada, o que su cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.
En conferencia de prensa y entrevistas realizadas el pasado lunes, el titular de la FGR explicó claramente su propuesta. Se trata de conservar la figura del feminicidio y facilitar su tipificación para que los ministerios públicos puedan presentar de manera más expedita una denuncia y, así, los jueces no tengan elementos para echar abajo los casos que se les presentan. Además, se pretende incrementar las penas con un mínimo de cuarenta años y un máximo de setenta años de cárcel para quienes resulten culpables.
Es el feminicidio uno de los delitos que más duelen a la sociedad, un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos cinco años de forma casi incontrolable. Entre 2012 y 2019, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han cometido 3 mil 621 crímenes de este tipo, lo que representa un incremento de 137%, muy superior al aumento de los homicidios dolosos, cuyo crecimiento ha sido de 34% en ese mismo periodo.
La gravedad de este delito hace imperante dejar a un lado las posturas radicales y la intransigencia ante cualquier modificación que permita una mejor aplicación de la ley. De no lograr un consenso, los responsables de este odioso delito podrían mantenerse en la impunidad.
Segundo tercio. La misma lógica aplica para quienes atentan en contra de otros grupos vulnerables, como lo son los menores de edad y los ancianos, en muchas ocasiones olvidados en estos debates.
Tercer tercio. Bienvenida la decisión del Banco de México de hacer más claros y digeribles sus boletines sobre política monetaria. Buena decisión en materia de comunicación social.
@EdelRio70