A través de modificaciones a siete artículos de la Constitución y la creación de dos nuevas Leyes Federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pretende terminar con el nepotismo, combatir la corrupción y consolidarse como un Tribunal Constitucional.

 

En la propuesta se propone expedir dos nuevas leyes federales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial; y plantea reformas a cinco ordenamientos legales entre otros la Ley de amparo, la Ley Federal de defensoría pública el código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otras.

 

En el documento que fue presentado ante el Ejecutivo y que a su vez lo enviará al Senado de la República se establece la armonización legal de las bases del Plan integral de combate al nepotismo, en el que otorga la facultad de nombramientos del juzgador respecto de su personal basado en criterios meritocráticos, ello a partir de una lista de 10% de vencedores del concurso de oposición con las calificaciones más altas derivadas de una evaluación integral.

 

“La propuesta que hoy presentamos contempla también la expedición de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que nos dota de herramientas para combatir la corrupción y el nepotismo. Se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar en el Poder Judicial Federal y se prevé que queden sin efectos los nombramientos que se lleguen a otorgar en violación a esta prohibición.

 

De igual manera, se eleva a rango de ley la política de adscripciones que ha permitido desarticular las redes familiares en los distintos circuitos judiciales”, señaló el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

 

Además, se podrán “realizar visitas extraordinarias o patrimoniales o crear comités de investigación ante cualquier asunto de trascendencia a juicio del propio Consejo dela Judicatura”.

 

En materia anticorrupción, se reforma todo el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Se le otorgan al Consejo facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes.

 

“Comprometidos con un ambiente laboral libre de violencia y discriminación, en el que las mujeres se sientan seguras, dejamos claro en la ley, que el acoso, el hostigamiento y toda conducta de naturaleza sexual sin el consentimiento de la mujer constituyen faltas graves y serán sancionadas con energía”, declaró el ministro Zaldívar.

 

Asimismo, se establece un marco normativo sistematizado, congruente y especializado encargado de regular exclusivamente la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, “eliminando disposiciones normativas de dispersión que propiciaban falta de certeza jurídica”.

Se propone designar órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos o que tengan un impacto social de especial relevancia.

También, se otorga la posibilidad de la Suprema Corte, de atraer cualquier recurso de los que se refiere a la Ley de amparo, “cuando su interés y trascendencia lo ameriten el pleno sólo conocerá del recurso de revisión en amparo directo, cuando un asunto revista un interés excepcional en materia constitucional a los derechos humanos. Se establece que el acuerdo que desecha el recurso de revisión en amparo directo es “inimpugnable”.

Además, señala que la notificación de la declaratoria general de inconstitucionalidad procederá desde el primer asunto en que se declara la inconstitucionalidad de una norma general, sin necesidad de una segunda votación y se incorpora expresamente las oraciones como objeto de controversia constitucional y su plazo para impugnarla.

 

 

PAL