El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, tuvo su origen en la Secretaría de Gobernación de otros regímenes, los del pasado. Y es ahí, precisamente, donde la titular de la dependencia exige imparcialidad desde el inicio de la elección de los consejeros electorales, quienes, hasta ahora, no han ocultado sus preferencias partidistas.

Olga Sánchez Cordero, dijo que los próximos consejeros no deben tener simpatías partidistas y, en cambio, sí honorabilidad intachable. Lo cual, le faltó añadir, no sucede actualmente.

“Los candidatos tienen que reunir las siguientes características: ser gente sumamente honorable, ora sí que a prueba de todo; gente muy recta, gente apartidista, gente muy conocedora de la materia electoral e intachables, muy trabajadores y con mucha capacidad para estar dentro del Instituto”, advirtió.

Los cuestionamientos a la autoridad electoral han sido muchos. Vienen de todos lados. No hay partido político que se diga satisfecho con la actuación de quienes dejan a su paso más dudas que certeza no sólo en los conteos de votos, sino en las decisiones sobre las multas y sus cantidades, entre otras de sus atribuciones.

Es más, puede afirmarse que no hay certeza, ni credibilidad, ni igualdad de oportunidades para nadie y así hemos vivido políticamente los mexicanos con una inconformidad que nadie podía expresar, hasta que ahora desde Gobernación se levanta una voz que exige regresar al origen de la autoridad electoral, para que ofrezca la legitimidad suficiente de los candidatos cuando se convierten en políticos en funciones.

La conducta de los consejeros electorales debe ser transparente, no relacionarse con líderes de ningún partido y mantener, por lo menos mientras están en funciones, una vida privada independiente y alejada de los partidos; sin embargo, lo primero que debe hacerse es transformar el esquema de selección y elección de los consejeros, porque al ser los legisladores quienes los aprueban, ellos deben pagar el favor durante todos los nueve años que son consejeros y eso termina, de manera definitiva, con la imparcialidad que debe caracterizarlos.

Para cambiar de método de elección debe haber una reforma electoral que tenga un modelo más directo y que pueda someterse al escrutinio público. Donde la gente escoja a los consejeros electorales.

Los consejeros electorales no pueden seguir siendo elegidos por líderes parlamentarios sino por la gente que verá en su actuación resultados confiables en las elecciones.

Los consejeros electorales, que ganan, hasta ahora, más que el Presidente de la República se “ayudan” económicamente ofreciendo conferencias en universidades y, por si fuera poco, a partidos políticos. Esto nos habla de acercamientos extraoficiales con las diferentes fuerzas políticas donde hay un pago de por medio por la plática, el curso, la asesoría o la conferencia.

Los consejeros electorales no pueden ni deben ser los mismos de ahora, cuya credibilidad está por los suelos. Si la autoridad electoral no cambia será un lastre del pasado para una democracia, tan esperada por los mexicanos, que no termina de consolidarse.

Para impulsar esta reforma debe haber una auditoría política, no sólo económica, sobre la actuación de los consejeros electorales del pasado y del presente, cuyos resultados seguramente avalarán la necesidad de cambiar la manera de elegirlos.

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