El desplazamiento de poblaciones por el cambio climático es cada vez mayor. Los corredores secos, donde antes había una estable actividad agrícola, hoy provocan extensas migraciones en busca de la sobrevivencia en territorios menos vulnerables a los extremos climáticos.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) presentó este lunes el estudio:“Migrantes climáticos internos en México: un acercamiento desde las políticas públicas. Los derechos humanos, el territorio y el enfoque de servicios socio-ecológicos para atender un fenómeno migratorio”, en el que expone la necesidad urgente de abordar en la agenda pública, y de forma integral, los desplazamientos sociales por las adversidades del clima.

El estudio de la FLACSO hace referencia a un análisis del Banco Mundial, el cual prevé que para 2050, en un escenario crítico, que más de 3 millones de personas en México se desplazarán de sus territorios de manera forzada por las afectaciones climáticas. Sin duda, algo grave, pues ni las sociedades ni los Gobiernos están preparados para un escenario de tal magnitud.

Recordemos que el año pasado fue el año más caluroso en México, y a nivel global, y en nuestro caso los estados que por décadas habían sido húmedos, con mucha agua de lluvia como Chiapas, Veracruz y Tabasco, entre otros, tuvieron parámetros de alta sequía. Obviamente esto ocasionó severos impactos en la actividad ganadera y agrícola, y en general en los ecosistemas y en la salud de la población rural.

El propio estudio de la FLACSO advierte que tres sectores son los más vulnerables: las mujeres, las poblaciones indígenas y las personas de escasos recursos. Se combinan la pobreza con los fenómenos climáticos, y aún no tenemos una estrategia socio-ambiental bien diseñada que apunte a los próximos 30 años.

Al respecto, vale subrayar que los Gobiernos federal, estatales y municipales, tienen planes muy desarticulados para hacerle frente a estos fenómenos que cada vez van en aumento.

El clima está cambiando en forma dinámica y agresiva (aumentan la sequía, la temperatura y el nivel del mar), pero la respuesta en las agendas públicas en torno a medidas preventivas y de adaptación son más lentas y no siempre estructuradas. Es por ello, que los planes son más reactivos que preventivos y no se logra brindar en forma anticipada la protección que requieren las poblaciones vulnerables al clima.

La FLACSO precisa que en nuestro país, el marco legal y las políticas públicas vigentes no están diseñadas para enfrentar los efectos adversos del cambio climático con un enfoque preventivo.

El corredor seco centroamericano (que abarca 1,600 kilómetros de longitud desde Chiapas, México, hasta la zona occidente de Panamá) ha sido catalogado como el peor en la última década, afectando seriamente a 3.5 millones de personas, que hoy demandan asistencia humanitaria.

Incluso el canciller, Marcelo Ebrard, refirió en su momento, que los elevados flujos migratorios provenientes desde América Central están motivados no sólo por las graves condiciones de inseguridad y violencia de esos países, sino también, y en gran medida, por las condiciones climáticas adversas que enfrentan en ese corredor seco en el que la agricultura ha dejado de ser una fuente de empleo.


La inseguridad alimentaria y la falta de un nuevo hogar para los millones de desplazados ha impuesto un serio reto a los Gobiernos de la región. La lección es clara, ¿y qué haremos en nuestro caso para atender y darle una alternativa de supervivencia a la gente que huye del cambio climático en sus regiones?

Este caso de Centroamérica debe llamar fuertemente la atención para que en México superemos los esquemas de políticas sectoriales, y se empiece a armar la estrategia del siglo XXI para enfrentar con un marco legal sólido el cambio climático e impulsar un desarrollo sostenible que se blinde contra los vaivenes políticos.

                                                                                                                            @Habitat_ARamos