El día de ayer se registró un hecho histórico, republicano y democrático de gran importancia para el avance en la transformación de la vida pública de nuestro país: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, firmaron una iniciativa de ley para reformar el funcionamiento del Poder Judicial, misma que será enviada por el Ejecutivo federal al Poder Legislativo.
Una vez presentada de manera oficial, empezará su proceso legislativo, pero desde ahora sabemos que la iniciativa propone modificar siete artículos de la Carta Magna; expedir dos nuevas leyes federales: la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial; así como reformas a cinco ordenamientos legales: Ley de Amparo, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución; Ley Federal de Defensoría Pública; Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
Se trata de modificaciones y propuestas sensatas que en el Senado de la República habremos de analizar con la seriedad y responsabilidad que merece una reforma de este calado. El Legislativo también será responsable de complementar y enriquecer esta propuesta para lograr construir los consensos necesarios rumbo a su aprobación. Lo haremos, conscientes de que se trata de una demanda social impostergable que durante años ha impedido que nuestra sociedad viva tranquila y en paz.
No podemos pasar por alto la visión autocrítica y la actitud proactiva del Poder Judicial, el cual, en un ejercicio profundo de introspección, ha dado el primer paso en la construcción del sistema de justicia que el país necesita. Este impulso inicial permite seguir materializando con hechos la construcción de una nueva gobernabilidad democrática, respetando la autonomía, el equilibrio y la pluralidad entre los poderes de la Unión.
Estamos en medio de un cambio de paradigma, en una coyuntura histórica que no debemos desaprovechar. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un Presidente de la nación que se comporta a la altura de la división y el equilibrio entre poderes al alentar el cambio que el país necesita, sin interferir en los asuntos de cada uno, pero con una idea clara del rumbo que el Estado tiene que tomar para garantizar la protección efectiva de todos los mexicanos y las mexicanas.
De esta manera, el de ayer fue un encuentro en el que los tres Poderes de la Unión, respetando mutuamente nuestra autonomía, dejamos en claro que perseguimos el objetivo común de fortalecer el Estado de derecho para alcanzar el progreso social, y saldar así una deuda histórica, basándonos en la madurez institucional y buscando fortalecer las capacidades técnicas y éticas de los operadores, en todos los niveles, para erradicar la negligencia, la indiferencia, los privilegios y la corrupción en la totalidad de los ámbitos y órdenes del Estado. La Cuarta Transformación va por buen camino.
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