La captura del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, representa para el Gobierno de la 4T la oportunidad de demostrar que no hubo pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto.
Tal es la percepción social, luego de que diariamente, en sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador arremete contra Felipe Calderón y, cuando se refiere a la administración anterior, se cuida de no dar nombres.
Solo generalizaciones, como “nos dejaron un cochinero’’ y cosas por el estilo.
Nombres, ninguno.
El caso de Lozoya es ampliamente conocido: acusado de recibir sobornos de Odebrecht por 10.6 millones de dólares, parte de los cuales habrían ido a parar a la campaña de Peña Nieto.
Acusaciones con la compra a precio inflado de una planta de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA) por 264 millones de dólares, con un sobreprecio estimado en 57%, así como la compra de Fertinal, pagada a un precio 14 veces mayor del costo real.
Las acusaciones en su contra son por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
El caso de los sobornos de Odebrecht, si hubiera un delito electoral, es decir, que se comprobara que parte del dinero fue a parar a la campaña de Peña, el delito ya prescribió, aunque seguiría vivo el caso de sobornos al ex funcionario para obtener contratos de Pemex.
El daño al erario con la compra a precios inflados de Agronitrogenados y Fertinal, serían las acusaciones por la que el otrora miembro del círculo presidencial enfrentaría procesos penales.
En los meses anteriores, cuando se conoció de la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex en contra de Lozoya, su abogado, Javier Coello Trejo, afirmó que su cliente “no se manejaba solo’’ y amenazó con dar a conocer los nombres de quienes ordenaron las compras de las plantas chatarras.
Ayer Coello volvió a sugerir que Lozoya solo cumplió órdenes.
La gran pregunta es si Lozoya, como es el caso de Rosario Robles, se tragará los sapos él solo o si repartirá entre sus compañeros de administración las responsabilidades.
Y la otra pregunta, ésta para el Gobierno de la 4T, es si Lozoya les es suficiente para demostrar que van en serio contra la corrupción o traen la mira más arriba.
Parece que más de un peñista debe tener razones para preocuparse.
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Algunos connotados hidalguenses están también preocupados a partir de hechos recientes.
La devolución de un cheque por 2,000 millones de pesos que hizo la empresa Telra Realty, de los 5,088 millones que le pagó el Infonavit, cuando David Penchyna era el director, por la cancelación de tres contratos.
Otros hidalguenses que deberían estar preocupados por la caputura de Lozoya son Nuvia Mayorga y su ex jefe, Miguel Osorio Chong, quienes eran los responsables de recibir el dinero de la campaña de Peña.
Y finalmente, varios ex funcionarios de la ex PGR, en los tiempos de Jesús Murillo Karam, también se preguntan si los alcanzarán las acusaciones en contra de la ex oficial mayor de la dependencia, Judith Aracely Gómez Molano, acusada de comprar un avión con un sobreprecio de cinco millones de dólares.
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Ayer fue presentada la iniciativa para reformar el Poder Judicial, en términos que solo conocen los expertos del tema.
Como sea, la propaganda oficial dice que con esas reformas se pretende que la Corte se convierta en un “verdadero tribunal constitucional’’, lo que pretendía al inicio del sexenio López Obrador cuando la SCJN sufrió un duro embate.
Saque sus conclusiones.