La primera parte de la reforma judicial trae temas vitales para consolidar el mandato originario del poder judicial como vigilante del funcionamiento constitucional de oficio de los otros dos poderes.
Pero en el tema de justicia donde se localiza la inseguridad por impunidad de la delincuencia ante la ineficacia de la estructura de seguridad sigue estando pendiente: la corrupción policiaca. Hay derivaciones que se dieron con las leyes de la Guardia Nacional, pero falta la más importante que completaría el papel judicial: las policías que arrestan delincuentes y consignan ante ministerios públicos.
En las últimas dos semanas se han llevado páginas de periódicos con denuncias con registros de que policías locales y municipales operan como crimen organizado, incluyendo ataques de policías a policías.
Y casos insólitos: el director de la Secretaría de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, Puebla, había tomado posesión a pesar de tener en su contra un proceso por secuestro de hace nueve años, en 2011. Lo grave es el hecho de que desde 2008 se ha insistido en un registro de policías para evitar este tipo de descuidos en la verificación de carreras policiacas locales. Al encontrarse con ese expediente, el jefe policiaco fue arrestado.
En Ciudad de México el jefe policiaco Omar García Harfuch detuvo a nueve policías acusados de operar secuestros exprés, en tanto que otros seis policías y peritos están siendo implicados en la filtración de fotos del caso Ingrid N. que ha sacudido a la opinión pública por sus condiciones de feminicidio brutal.
Se trata de casos entre miles que ocurren todos los días. Y el tema central es obvio: ninguna banda del crimen organizado –grande o pequeña– puede surgir y consolidarse si no cuenta con el apoyo de policías y miembros del poder judicial local o federal.
Por eso es importante la reforma judicial propuesta por la Suprema Corte y avalada por el Presidente de la República, pero no alcanzará éxitos deseados de disminuir la inseguridad si no tiene, y pronto, una reforma policiaca profunda que termine con la complicidad institucional con las bandas delictivas.
Zona Zero
- El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se enreda. Algunos consideran que la investigación de Peña no estuvo tan mala y que por eso las actuales autoridades judiciales no saben qué hacer para crear una nueva narrativa creíble.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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