Faltan 17 días para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comience a recabar los datos del Censo 2020, con lo que se actualizarán los datos demográficos, y de manera indirecta, se podrá tener un panorama de las condiciones de seguridad en el país.
Del 2 al 27 de marzo próximo, 151 mil entrevistadores de ese Instituto andarán cada rincón, y puerta a puerta solicitarán los datos que ilustren las condiciones poblacionales.
La importancia de esto es innegable, pero la certeza de obtener un resultado preciso es todo un reto, ya que al mismo tiempo el INEGI servirá de termómetro de la violencia, pues a través de la experiencia de sus encuestadores se podrá corroborar si las condiciones de seguridad se han mantenido sin cambio alguno, o en el peor de los casos, se confirman los señalamientos de algunos ciudadanos sobre la total ausencia de gobernabilidad en regiones específicas.
Recientemente, el organismo lanzó una campaña de reclutamiento en el que ofreció un salario de nueve mil 500 pesos, monto superior a lo que recibe 30% de la población, y según datos del propio instituto perciben seis de cada diez mexicanos.
La remuneración de estos trabajadores no sería relevante en términos de sus condiciones y retos laborales, si no fuera completamente pública, y determinante para hacerlos atractivos a los criminales.
Uno de los nuevos elementos del censo es que los encuestadores llevarán consigo una tableta electrónica, cuyo costo según información publicada en portales noticiosos es del orden de los mil 700 pesos por unidad.
El valor de la herramienta podrá no ser oneroso, pero habría que valorar si esto no pudiera ser un elemento de riesgo para sus portadores, toda vez que se trata de uno de los artefactos con más demanda entre la juventud mexicana.
En este sentido, se dio a conocer que los dispositivos contarán con un botón de emergencia para alertar sobre posibles riesgos; a lo que sería indispensable cuestionar a quién se solicitará la ayuda. ¿A la Guardia Nacional, que prácticamente se encuentra enfocada a frenar el flujo migratorio? ¿A los órganos policiales locales que en no pocas ocasiones resultan estar coludidos con el hampa de la zona?
Otro de los elementos de disminución del riesgo de encuestadores es un “Chat interno” por el que se podrán mantener en constante comunicación, lo que genera aún más dudas, toda vez que los criminales sorprenden a sus víctimas, lo que descarta que puedan tener la capacidad de “chatear” previo o durante el hecho.
El tercer factor es la coordinación con las secretarías de Marina Armada de México, Defensa Nacional, y Seguridad Pública Federal, estatal y municipal.
Sería ingenuo esperar que los encuestadores del INEGI no sufran contratiempos durante el levantamiento de datos y esperemos que al final del ejercicio la noticia sea el saldo blanco.
Pero no sería malo también, esperar que las experiencias de los trabajadores del INEGI sirvan de referencia para que las autoridades puedan dimensionar y hacer mejores diagnósticos sobre la violencia, sus dimensiones y zonas de mayor impacto.
@osdtagle