La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo nuevamente un llamado para que el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “se aísle de acuerdos políticos y no sea utilizado como moneda de cambio”.
El organismo patronal confió en que los nombramientos “no se usen para avanzar o aprobar otras reformas legislativas, o para negociar otros nombramientos que involucren al Congreso de la Unión“.
Más allá, propuso que para el buen funcionamiento de la democracia de México y el futuro del INE los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (encargados de elegir a los consejeros) tengan perfiles independientes y no tengan conflicto de interés.
Por ello, la Coparmex dijo que observará de cerca la integración del Comité Técnico de Evaluación que calificará la idoneidad, e integrará las quintetas de las que se seleccionará a cuatro nuevos consejeros del INE y que durarán en su encargo nueve años.
Relató que este martes los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales (Inai) propusieron a un grupo conformado por cuatro mujeres y cuatro hombres, de entre quienes el pleno elegirá a dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, cuya designación corresponde a ese Instituto.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elegirá a sus dos representantes, mientras que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) hará lo mismo, y elegirá a otros tres.
Ante ello, el sector patronal reiteró en un comunicado su preocupación de que el INE no pierda su autonomía, pues de lo contrario las elecciones que se realizarán en 2021 y la presidencial de 2024 estarían en entredicho, lo cual significaría un retroceso de décadas para la democracia en México.
En otro comunicado, la Coparmex, a través de su plataforma #Dices, hizo un llamado urgente al gobierno federal y a las autoridades en general, a garantizar la protección a la libertad de expresión, en un país en el que los periodistas mueren por ejercerla.
Explicó que del año 2000 a la fecha, diversas organizaciones han documentado al menos 131 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor. Del total, 121 son hombres y 10 son mujeres. De éstos, 47 se registraron durante el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto y 11 en el actual.
Ante este penoso escenario, la Coparmex criticó que el Ejecutivo siga lanzando adjetivos contra la prensa, que descalifican y ofenden a los profesionales de este gremio, que es parte esencial del sistema democrático.
Finalmente, consideró como una obligación presidencial asegurar el pleno funcionamiento del mecanismo de protección y la fiscalía especializada en investigar los delitos contra la prensa, así como responder con efectividad cuando se trata de prevenir e investigar las agresiones contra los medios y acabar con la impunidad de los delitos contra periodistas, para que éstos no se repitan.